Rico espera que la central de Garoña pase los controles por el "valor añadido" que aporta

BURGOS, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Burgos, César Rico, ha confiado en que la central nuclear burgalesa de Santa María de Garoña pase todos los controles que sean necesarios para garantizar su continuidad porque "aporta valor añadido" a la provincia y el conjunto de Castilla y León.

Rico, en una entrevista a Europa Press, ha señalado que tras un año de incertidumbre en torno a la planta nuclear, el Partido Popular mantendrá su posición respecto a la continuidad de la central por su repercusión en las comarcas de La Bureba y Las Merindades, así como en el entorno de Miranda de Ebro.

Por otro lado, ha defendido también el posicionamiento de la Agrupación Provincial del PP en el Condado de Treviño, en el que "no se dejará tirados a los habitantes de este enclave", tras la dimisión de su alcalde Ernesto Argote.

En este sentido, el presidente de la Diputación de Burgos ha calificado de "poco ética" la pretensión de Argote de provocar más dimisiones en el Ayuntamiento del Condado de Treviño "para que no sea gobernable" y ha remarcado que el enclave, como territorio burgalés, "preocupa" a la Institución provincial, por lo que se mantendrán las relaciones con la Diputación de Álava para la prestación de servicios por cercanía.

En relación al año que termina, César Rico ha recalcado que ha sido una anualidad con un marcado carácter inversor y social para la Diputación de Burgos, que ha destinado 20 millones de euros al mantenimiento de centros residenciales, 10 millones de euros para ayudas de urgente necesidad, teleasistencia, personal y domicilio y más de 30 millones en inversiones. "Ha sido un buen año para los ayuntamientos", ha añadido.

SITUACIÓN ECONÓMICA En este sentido, ha destacado que la situación económica de la Institución provincial es "muy buena" y ha recordado que el nivel de endeudamiento al cierre de 2016 se sitúa en el 41 por ciento, frente al 110 por ciento que se mantenía cuando él accedió a la Presidencia provincial hace cinco años.

En cuanto al papel de la oposición a lo largo de este año, César Rico ha explicado que ésta ha presentado proposiciones de forma reiterada en los últimos meses, si bien ha remarcado que "en muchos casos" relacionadas con trabajos o acciones que ya se estaban ejecutando.

En este sentido, el presidente de la Diputación Provincial ha reconocido que ha existido más colaboración con el Grupo Provincial del PSOE que con el resto de formaciones con representación en la Institución, si bien ha achacado este hecho a su mayor representación en la provincia.

De cara a 2017, Rico ha explicado que el Presupuesto Provincial se incrementará para aportar más inversiones al medio rural y ha recordado que en las cuentas tendrán cabida dos partidas nuevas, una de 1,5 millones de euros para impulsar el centro de recepción de los yacimientos de Clunia y otra de 4 millones para el cumplimiento del Plan Energético que, a través de Sodebur, favorecerá el cambio de luminarias exteriores en los municipios.

Al respecto, ha explicado que dicho plan contempla semejantes inversiones en 2017 y 2018, con el objetivo de que la problemática de la iluminación externa de los ayuntamientos quede resuelta con carácter general antes de que finalice la presente legislatura.

COMPETENCIAS IMPROPIAS

El presidente de la Diputación de Burgos también ha confiado en que el próximo año sea el definitivo para abordar la cuestión de las competencias impropias de los centros residenciales, si bien ha recordado que este hecho depende de la búsqueda de una solución definitiva al sistema de financiación autonómica.

En este contexto, César Rico ha explicado que existen dos opciones para el futuro de estos centros residenciales que, siempre dentro del carácter público, podrían ser gestionados de forma directa por la Junta de Castilla y León o a través de la Diputación mediante una financiación íntegra del Gobierno autonómico.

Para 2017, el presidente de la Diputación de Burgos ha confiado en que sea un año que permita mejorar la calidad de vida de las 110.000 personas del entorno rural, con el fin de que disminuya la diferencia entre los ciudadanos de las grandes urbes y los del entorno rural.