Sindicatos dicen que el TSJ no ha entrado en "el fondo" de la demanda sobre el Serla y habrá que esperar "dos años"

VALLADOLID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT han explicado que la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia no ha entrado "al fondo" de la demanda y ha declarado la "incompetencia" de la Jurisdicción Social en relación al Serla.

A través de un comunicado remitido a Europa Press, los sindicatos interpretan que la sala considera que la "naturaleza jurídica" del Serla es competencia del orden "contencioso-administrativo". "Esta sentencia, que remite al contencioso-administrativo para dirimir las extravagancias del Consejero de Empleo, Mariano Veganzones, significa que tendremos que seguir esperando durante al menos dos años, una sentencia que determine si la Junta actuó de manera ilegal en relación al Serla", añade.

De esta manera, a juicio de CCOO y UGT continúa la "incertidumbre" en lo referente a la resolución de conflictos laborales. Además, supone un "grave perjuicio" para las personas trabajadoras y las empresas de la Comunidad, han señalado los representantes de CCOO y UGT en Castilla y León.

Al mismo tiempo, han recordado que ya interpusieron una demanda en materia de impugnación de actos administrativos en materia laboral contra un acuerdo de la Junta y contra la Orden de la Consejería Industria, Comercio y Empleo del 13 de abril de 2023 por la que se concedió 400.000 euros a la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de CyL (Fundación Serla) para la financiación de la actividad en el ejercicio de 2023.

Una cuantía que "redujo un 60 por ciento lo aportado por el Gobierno autonómico el pasado año". "La propuesta, aprobada el 13 de abril, establecía, además, que a partir del 1 de julio quedarían excluidos de la subvención tanto el contrato del director del Serla como los gastos de arrendamiento de sedes, que pasarían a estar en edificios de la administración. Además, el Servicio de Relaciones Laborales intervendría únicamente en los conflictos colectivos, quedando excluidos los individuales entre trabajador y empresa, que hasta entonces sólo operaban en Valladolid, y limitando la intervención a un mediador o un árbitro".

Los sindicatos insisten en que el Serla es un servicio público por lo que la Consejería "no puede decidir ni modificar nada unilateralmente como decidió en dicha propuesta".