Suárez-Quiñones anuncia una "revolución" en vivienda, con especial atención al colectivo joven y al medio rural

VALLADOLID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha anunciado una "revolución" en materia de vivienda para los próximos cuatro años, "con la vista puesta en los jóvenes y el medio rural" y, bajo el paraguas del Diálogo Social.

Entre las distintas medidas propuestos ha anunciado la reducción del 20 por ciento del precio de compra de las viviendas de promoción pública para jóvenes de hasta 35 años, preferentemente en municipios del medio rural.

A ello se sumará una línea de avales de hasta el 20% de la hipoteca en función de los ingresos y el precio de la vivienda; mejora de las condiciones de las ayudas al alquiler para este colectivo; convocatoria de ayudas con cargo al Bono de Alquiler Joven y fomento de la promoción de vivienda protegida colaborativa, esto es, hogares independientes pero con zonas comunes, sufragando de manera compartida los servicios básicos.

Son algunas de las propuestas que el consejero ha desgranado durante su primera comparecencia en la comisión del ramo, en las Cortes, correspondiente a la XI legislatura, donde ha esbozado los principales objetivos para la próxima legislatura.

Precisamente, en materia de vivienda también se impulsará el programa Rehabitare--se prevé rehabilitar 300 inmuebles en la Comunidad--, aunque también el consejero se ha comprometido a mejorar las condiciones de las ayudas 'ordinarias' al alquiler, con un incremento del 10% para todos los beneficiarios que cubra hasta el 50% de la renta de alquiler, frente al 40% actual.

Pero además, ha anunciado dos nuevos programas de ayuda para los más vulnerables: para las víctimas de violencia de género, de sinhogarismo o de desahucio, que se canalizarán a través de las entidades del tercer sector; y el segundo programa, para ayudar a arrendatarios en situación de vulnerabilidad sobrevenida que no pueden afrontar el pago de su renta de alquiler. El coste estimado de cada uno de estos dos programas es de 2,6 millones de euros.

PARQUE PÚBLICO CON 2.400 NUEVAS VIVIENDAS

Suárez-Quiñones ha reiterado su compromiso de ampliar el parque público de viviendas de Castilla y León en casi 2.400 nuevas viviendas, con 212 millones de euros, procedentes de la rehabilitación, de la compra o de la promoción pública, y prestando especial interés en alquiler para jóvenes.

En venta se promoverán al menos 475 viviendas en el medio rural, con 53,5 millones de euros, y se incrementará el parque público en alquiler en 1.906 viviendas más, hasta llegar a las 4.627 viviendas, con una inversión de 158,4 millones de euros.

También ha señalado que el objetivo "es mucho más ambicioso, hasta lograr incrementar exponencialmente la rehabilitación edificatoria". Los retos concretos que ha enumerado se cifran en 17 millones para ejecutar 11 áreas de regeneración urbana ya aprobadas, con 1.352 viviendas; asimismo, 48,4 millones en ayudas procedentes de los fondos europeos para la regeneración de barrios de Castilla y León seleccionados en función del grado de vulnerabilidad social y convertirlos en entornos residenciales más amables; y la convocatoria de subvenciones para incentivar la mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad de las viviendas.

RETO DEMOGRÁFICO

El consejero se ha referido también a las nuevas competencias sobre ordenación del territorio y reto demográfico. "Debemos, con los debidos consensos políticos y sociales, dar los pasos normativos y de desarrollo adecuados que sean sensatos y eficaces para sentar unas bases sólidas", ha señalado Suárez-Quiñones, quien desea hacerlo "desde un enfoque integrador de ambos aspectos: el territorio y la población, maximizando la incorporación de la mejora de la dinamización demográfica y territorial en todas las políticas sectoriales".

A este respecto, señala como ejes de gobierno trabajar por el empleo y por el emprendimiento, apoyando a nuestras empresas y comercio rural; consolidar la fiscalidad diferenciada; mejorar, consolidar o implantar infraestructuras: banda ancha, transformación digital, transporte a la demanda, vivienda, medio ambiente...comunicaciones; potenciación de nuestros recursos naturales y del patrimonio natural; la apuesta por la optimización de los servicios públicos básicos de calidad (sanidad, servicios sociales y educación), que atienden a las familias; y el apoyo a las entidades locales.

MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO 112

En el ámbito de Protección Civil y Emergencias, el consejero ha hecho un reconocimiento expreso al Servicio 111, en el 20 aniversario de su puesta en marcha, y ha reafirmado el valor que el sistema de protección civil de Castilla y León ha aportado a crisis tan relevantes con la derivada del Covid-19, los incendios forestales y los epidosios meteorológicos adversos, "con la finalidad de que la ciudadanía obtenga una respuesta eficaz y profesional a cualquier situación que irrumpe de forma imprevista".

Para el consejero, son tres los pilares que deben sustentar el sistema de protección civil y emergencias de Castilla y León: por un lado, el refuerzo de los recursos y las capacidades del sistema; por otro, el fortalecimiento de la colaboración entre las diferentes administraciones territoriales, y conseguir la implicación de la ciudadanía en el sistema de protección civil.

Respecto al refuerzo de los recursos y capacidades del sistema de protección civil, se definirá una nueva estructura organizativa y de modernización del servicio operativo del 112, con un presupuesto de 21,4 millones de euros.

También se actualizará la plataforma tecnológica del 112, con 13 millones de euros; se mejorará la capacidad operacional y de seguridad del helicóptero de rescate y de salvamento, con 8,4 millones de euros; también se garantizará una amplia oferta formativa a los profesionales y voluntarios, con el inicio de una plataforma 'online'; se actualizará el catálogo de medios y recursos de autoprotección; se elaborará un plan especial ante el riesgo radiológico y se actualizarán los planes ante riesgos de accidentes en transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril y ante el riesgo de inundaciones.

Respecto fortalecer la colaboración entre las diferentes administraciones territoriales, en el ámbito normativo se prevé aprobar dos leyes de especial transcendencia para las entidades locales, previo consenso entre los municipios y los profesionales del sector, como la Ley de coordinación de los servicios de prevención y extinción de incendios y la Ley de coordinación de policías locales.

También se aprobará el Decreto por el que se regula el voluntariado de protección civil, el Decreto de espectáculos taurinos y de escuelas taurinas.

Como actuaciones de apoyo técnico y económico, la Junta seguirá apoyando con 43,1 millones de euros a ayuntamientos y diputaciones para adaptarse al Plan Sectorial de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento; y se continúa impulsando la creación de agrupaciones y asociaciones de voluntarios de protección civil (actualmente 119, integrada por 2.600 voluntarios en Castilla y León), incrementando, asimismo, en 100 vehículos el parque móvil del voluntariado en los municipios.

Por último, se trabajará en la participación e implicación de la ciudadanía en el sistema de protección civil, en el desarrollo del aprobado Plan de promoción de la autoprotección, concretando actuaciones para llevar a los municipios más pequeños la cultura de la autoprotección.

En resumen, en materia de Protección Civil y Emergencias, una inversión aproximada de 101,5 millones de euros y una marcada orientación de servicio hacia el municipalismo, presente en todas las políticas del Gobierno de Castilla y León, la Junta contribuirá a tener una sociedad segura y resiliente del futuro.