VALLADOLID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha anunciado que en la mañana de este jueves ha solicitado su comparecencia ante las Cortes de Castilla y León para dar explicaciones por su aparición en unas grabaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía dentro del denominado 'Caso Enredadera'.
En declaraciones recogidas por Europa Press, Suárez-Quiñones ha defendido su actuación "dentro del marco estricto de la ley" en la búsqueda de soluciones para los problemas de los ciudadanos y ha mostrado su "profundo disgusto y malestar" por el hecho de que "una actuación responsable" y "diligente" quiera ser presentada "como algo irregular y oscuro".
Suárez-Quiñones ha recordado que la carretera de Villandagos del Páramos fue la primera en la que se actuó para renovar su firme dentro del bloque de actuaciones prioritarias planificado por la Junta de Castilla y León para la presente legislatura, dado el estado "muy deficiente" del pavimento por la acumulación de tráfico de tractores y otros vehículos que "comprometía la seguridad vial de la misma".
Ante esto, se adjudicó la obra a una empresa zamorana que posteriormente se declaró en concurso de acreedores, lo que supuso la paralización de la obra. En este sentido, el consejero ha recordado que bajo el principio de evitar estos retrasos, el artículo 226 de la Ley de Contratos del Sector Público prevé la cesión de una empresa a otra siempre que cuenten con el beneplácito de la Administración y de que la primera haya cumplido con al menos un 20 por ciento del trabajo, requisito este último que no es necesario si se trata de un concurso de acreedores.
De acuerdo con sus explicaciones, la empresa zamorana intentó buscar esa cesión con resultado negativo, por lo que se produjo el contacto de Suárez-Quiñones con el empresario José Luis Ulibarri por ser "un empresario con implantación en León" y "con centros de aprovisionamiento en León" que podría "hipotéticamente" estar interesado en ejecutar la obra y evitar así su paralización.
Como ha señalado el consejero, se remitió esta conversación al Servicio de Conservación de Carreteras, si bien la "falta de interés" del empresario por las condiciones del contrato impidieron que se ejecutara esta cesión, de manera que la obra actualmente "continúa paralizada" en tanto se tramita una nueva adjudicación.
Ante esto, ha defendido su gestión de los intereses públicos "con la ley en la mano" y con "absoluta limpieza". "En esta vorágine parece que todo vale y todo es lo mismo, pero desde el punto de vista de este consejero es lamentable que sin conocer cuáles son los amparos legales a dicha actuación se pretenda dar oscuridad o carácter irregular", ha criticado.
Así, ha insistido en que "dentro de la estricta legalidad", se ha buscado "dar solución a los problemas y no quedarse con las manos en los bolsos" o "cruzado de brazos". "La Junta de Castilla y León y este consejero se rigen en sus actuaciones por el sometimiento pleno a la ley y el Derecho. Hay que estar en la realidad social y conocer la preocupación de alcaldes y vecinos para darse cuenta de hasta qué punto es necesario el arreglo de esa carretera", ha concluido.