Un total de 150 profesores de la concertada acude Justicia por discriminación salarial

VALLADOLID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 150 profesores de la Educación concertada, con más de 25 años de antigüedad, acudirá a la Justicia tras quedar excluidos del complemento de carrera profesional y que, denuncian, deriva en "una discriminación salarial" de cerca de 7.000 euros anuales.

Así lo han avanzado los portavoces de la plataforma Profesores Educación Concertada Afectados por la Carrera Profresional (Pecap), Regina Gutiérrez y Roberto Fernández, ante los medios de comunicación donde han denunciado la "soledad" en la que se ve inmersa este colectivo, sin "amparo sindical", "patronal" ni de la "administración autonómica".

Todo ello deriva del acuerdo firmado en Mesa Sectorial en 2021 donde el colectivo que había cobrado, "según estipula el convenio nacional", una paga "única" al cumplir los 25 años de experiencia profesional quedaba excluido de la carrera profesional.

"Únicamente UGT se abstuvo de firmar el acuerdo entendiendo la discriminación que se producía", ha recordado Roberto Fernández, que ha incidido en que, desde entonces, han actuado dentro de la "soledad" más "absoluta".

"A partir de este acuerdo de noviembre de 2021, nuestros compañeros están cobrando un 20 por ciento más que nosotros. De esta manera, por ejemplo, un compañero de Secundaria cobra al año 6.731 euros más que yo. Esto traducido en una paga mensual son 480,81 euros mensuales. Si hablamos de la etapa Primaria, hablaremos de unas cantidades de 5.115 euros anuales y mensualmente 14 pagas son alrededor de 365,42 euros al mes. Esa es la discriminación que tenemos hoy en día los compañeros más antiguos del centro", ha cuantificado para subrayar que al final de la carrera cobrarán entre 50.000 y 60.000 euros al final de su vida laboral, "además de tener luego una pensión inferior".

Todo ello dio pie a peticiones de reuniones con la Consejería de Educación, sindicatos y patronal, todas con el mismo resultado... "nadie nos ha hecho caso". De ahí que los afectados se comenzaran a organizar a través de esta plataforma y elevaron una queja al Procurador del Común que les dio la razón en 2023 instando a la Junta a acabar con esta "discriminación".

"El problema es que no se trata de un órgano con resoluciones vinculantes y la Consejería no ha hecho nada", han apuntado los portavoces.

El único camino que les quedaba por recorrer, han continuado, era el de la vía judicial. Al no estar "respaldados por ningún colectivo" decidieron presentar demandas individuales, hasta un total de 150.

El primer juicio se llevará a cabo el próximo 24 de enero en la Sala 3 del Juzgado de lo Social contra la Administración educativa de Castilla y León. A partir de entonces, los 150 miembros de la plataforma --54 de Valladolid, 44 de Burgos, 37 de Ávila, 14 de Segovia y uno de Salamanca-- acudirán a los tribunales para buscar esa "equidad" salarial que les han negado hasta el momento.

Si bien apuntan que en la plataforma hay 150 miembros, cifra en torno a los 800 los "compañeros" que están en esta situación. "Hay muchos que desconocen esta situación, otros que no han sido bien informados por los sindicatos... Nosotros aprovechamos para ofrecer nuestra plataforma, nuestra experiencia e informarles de todos los pasos a dar", ha añadido, para explicar que es un problema que solo se da en Castilla y León que es la comunidad que ha incorporado el complemento de carrera profesional a las condiciones retributivas de los profesores.

El letrado que representará al colectivo en su camino judicial reconoce que siempre que se inicia un proceso de este tipo es porque están convencidos de que se va a estimar porque se vulnera el principio de igualdad salarial.