Los empleados reciben el "mensaje de tranquilidad" del equipo de Gobierno, que muestra su preocupación por la reposición de plazas
VALLADOLID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y la concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, María Sánchez, han mantenido una reunión con los representantes del Comité de Empresa de Aguas de Valladolid, a los que han trasladado tranquilidad con el proceso de remunicipalización de la gestión y han confirmado que los trabajadores pasarán a formar parte de la nueva empresa municipal como indefinidos 'no fijos' y con 2,5 horas más de jornada "por imperativo legal".
Así lo han explicado Puente, Sánchez y el representante de UGT Pedro López, quien ha calificado de "beneficiosa" la reunión, pues considera que han salido de ella "sin problemas" y con las dudas resueltas después de que en los últimos meses hayan observado muchas "medias verdades" y "malinterpretaciones" por parte de entidades como la Cámara de Comercio o los empresarios.
El regidor vallisoletano ha asegurado que las condiciones salariales de los en torno a 150 empleados actuales de Aguas de Valladolid serán "las mismas", de acuerdo con su convenio laboral, con "la única variación" de que pasarían a tener una jornada semanal de 37 horas y media, dos más de las que tienen convenidas actualmente, ya que así lo establece la ley para los trabajadores del sector público.
Esta ha sido una de las "cosas" que el Comité de Empresa querría que "fueran de otra manera", pero Pedro López ha asegurado que lo tienen "asumido", porque la ley establece que tenga que ser así. En todo caso, ha asegurado que esperan tener "otras ventajas", como los días de libre disposición, pero ha matizado que cuando las condiciones estén plasmadas en papel, se estudiará "con calma" y si con algo no están de acuerdo se reclamará al equipo de Gobierno.
El representante sindical también ha apuntado que los trabajadores pasarán a formar parte de la futura empresa municipal de gestión del servicio de limpieza como indefinidos 'no fijos', por lo que asumen que en algún momento tendrán que pasar procesos de selección para consolidar la plaza "por criterios de mérito y capacidad".
Tanto Puente como María Sánchez han explicado que los informes jurídicos que ha encargado el equipo de Gobierno sí que recogen la necesidad de sacar a concurso las plazas, pero por el momento "priman los Presupuestos Generales del Estado", que mantienen unas tasas de reposición "muy bajas" que actualmente impiden al Consistorio sacar las plazas de los trabajadores que se jubilan y "ni siquiera las de los interinos", según Óscar Puente.
Por ello, el regidor considera que "no hay ningún motivo para pensar en este momento que haya que sacar a concurso las plazas". Pero esta situación que aporta cierta tranquilidad a los trabajadores tiene otra vertiente de "preocupación" para el equipo de Gobierno, ya que la plantilla de Aguas de Valladolid es "mayor" y se calcula que en los próximos cinco años se jubilarán 15 empleados, un 10 por ciento del total.
"NO HAY RAZÓN PARA PENSAR EN DESPIDOS"
De este modo, el primer edil ha recalcado que "no hay ninguna razón para pensar que se despida a trabajadores de Aguas de Valladolid" y ha añadido que la plantilla "no tienen nada que temer en relación con su futuro".
Por ello, María Sánchez ha matizado que espera que las próximas leyes de Presupuestos del Estado permitan cubrir estas plazas mediante concursos de consolidación de empleo o de oposición que, ha subrayado, se tratará de que sean "ordenados", con criterios de mérito y capacidad que primen la experiencia previa en la gestión del agua y "primero, las vacantes".
La parte sindical ha reconocido finalmente que "todo lo que puede afectar a la plantilla inquieta", de modo que "cuando llegue el momento" el Comité de Empresa "actuará".
Óscar Puente ha considerado que la "experiencia y el conocimiento" del personal de Aguas de Valladolid es "indispensable" para que la operación de hacer pública al 100 por ciento la gestión del agua sea "un éxito".
A partir de ahora, ha apuntado el regidor, será necesario continuar el "trabajo de diálogo" para poner en marcha el servicio público de Agua de Valladolid el próximo 1 de julio de 2017, "con la mayor eficacia posible" y con el objetivo principal de que se pueda "mantener y, si es posible, mejorar" los estándares de calidad.
Asimismo, el equipo de Gobierno, en un compromiso de "transparencia" ha acordado celebrar una asamblea con toda la plantilla de Aguas de Valladolid para darles las mismas explicaciones que han dado este jueves al Comité de Empresa. María Sánchez ha apuntado que el encuentro se celebraría antes del Pleno en el que se prevé aprobar los trámites para el proceso de remunicipalización, el cual podría ser el de diciembre o el de enero.
Óscar Puente ha afirmado que el coste salarial "será el mismo que tiene ahora Aguas de Valladolid", lo asumirá el futuro ente público, con "la diferencia" de que con "los 9 millones de euros de beneficio que tiene la Sociedad", además de pagar los salarios se van a poder hacer frente trabajos de mantenimiento de la red.
En cuanto al proceso en sí, Óscar Puente ha recordado que el motivo de la decisión de dejar el sistema de concesión a una empresa privada "no ha sido el descontento" con Aguas de Valladolid, sino "garantizar el control por parte del Ayuntamiento en la toma de decisiones y que no se vuelva a producir un déficit de inversiones".
Así, ha apostillado que durante los casi 20 años de concesión durante la etapa del PP "se ha empleado el canon que se recibía de la empresa en obras de ornato y electorales, mientras el saneamiento estaba en condiciones de abandono", con una antigüedad media de las tuberías de 33 años y de 26 en el caso del abastecimiento.
Según el regidor, la fórmula municipal elegida permitirá obtener "el mayor rendimiento económico posible" precisamente para hacer esa renovación "de la mejor manera posible, en el menor plazo posible".
Por otro lado, ha defendido que los precios tendrán una evolución "a medida que pase el tiempo", pero ha aseverado que no los usuarios no sufrirán "los incrementos que ha habido durante la gestión privada", cifrados por el actual equipo de Gobierno en un 37 por ciento durante los 20 años de concesión.