VALLADOLID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado la condena de tres años de cárcel por delito de tráfico de drogas impuesta al varón de origen dominicano César F.R, interceptado en octubre de 2016 en el barrio de Las Delicias de Valladolid con un paquete de 52 gramos de cocaína y que, durante el juicio, denunció ser víctima de una trampa tendida por otros dos compatriotas, traficantes e informadores de la policía, con el fin de poder seguir estos últimos con sus negocios con total impunidad.
En su sentencia, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL desestima así el recurso interpuesto por el condenado y confirma en todos sus términos el fallo condenatorio de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, según informaron a Europa Press fuentes del Alto Tribunal Castellanoleonés.
Pese al alegato exculpatorio del procesado, la condena ahora ratificada impuso al procesado una pena de tres años de prisión--dos meses menos de lo solicitado por el fiscal--junto con una multa de 3.000 euros al considerar probada su culpabilidad.
El condenado reconoció que el día de autos, el 31 de octubre del pasado año, salió de su domicilio en la calle López Gómez y cogió la bicicleta para contactar en el Paseo de San Vicente, en Delicias, con un tal Manuel a quien le habían encomendado que le entregara un paquete que, como así ha confesado, sabía perfectamente que contenía 'coca'.
En su declaración, César F.R, quien se declaró consumidor habitual de sustancias, explicó que ya en la confluencia de las calles Guipúzcoa y Vizcaya, junto a las vías del tren, Manuel rehusó recoger la mercancía, comenzó a hacerse el remolón y le indicó que siguiera caminando, con lo que ya entonces notó que estaba pasando algo raro.
"Es informante de la policía y estaba esperando la llegada de ésta para que me detuvieran", sostuvo el procesado, quien fundamentó sus sospechas en que él fue interceptado finalmente mientras que el destinatario del paquete logró huir con facilidad.
Sin embargo, los integrantes del Grupo VIII de la Policía Nacional y del EDOA de la Guardia Civil que participaron en el operativo explicaron que desde el mes de septiembre se habían recibido denuncias anónimas sobre una pareja dominicana que se estaría dedicando a traficar en Las Delicias y La Circular, tanto en su domicilio, sito en López Gómez, como en bares de la zona como La Bodeguita, La Fresquita o el Midas, locales frecuentados por ciudadanos de la misma nacionalidad.
INTENTÓ ARROJAR EL PAQUETE A LAS VÍAS DEL TREN
El dispositivo de vigilancia permitió presenciar distintas transacciones de droga del sospechoso, hasta el que 31 de octubre del pasado año fue seguido durante su desplazamiento al Paseo de San Vicente, donde contactó con un cliente, y ya en la intersección de las calles Vizcaya y Guipúzcoa fue detenido, no sin que antes tratara de huir y de deshacerse del paquete cuyo contenido ha sido valorado en más de 3.000.
"Al vernos se asustó e intentó arrojar la mercancía a las vías del tren, con tan mala suerte que el paquete golpeó en una valla y cayó a la vía pública", recordó uno de los policías, quien, al igual que otros compañeros, incidió en las medidas de seguridad que César tomaba cada vez que se disponía a realizar una transacción de droga.
Frente a la petición absolutoria de la defensa, que, con carácter subsidiario, solicitaba una pena mínima de un año y medio, en aplicación de la eximente de actuar bajo la influencia de sustancias estupefacientes, la fiscal del caso mantuvo su solicitud de tres años y dos meses basada en la "contundencia" de las pruebas y en el propio reconocimiento del acusado sobre la posesión de la mercancía, "que estaba destinada para su transmisión a terceras personas".
Incluso, como así apuntó la acusadora pública, el procesado ha confesado que había recibido el encargo de entregar el paquete y que conocía perfectamente su contenido, así como que en ocasiones recibía pagos en forma de cocaína por distintos trabajos.
"A uno no le regalan droga si no es a cambio de algo", enfatizó la fiscal, quien recordó además que César no se encontraba dado de alta en la Seguridad Social y no ha podido acreditar fuente de ingresos alguna de procedencia lícita.