Último paso para culminar la OT con la aprobación de los mapas de unidades básicas

VALLADOLID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves el Proyecto de Ley por el que se aprueba el mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio de la Comunidad, el último paso para culminar el modelo de Ordenación del Territorio, un asunto de Comunidad que empezó a andar en octubre de 2011.

Según los cálculos del vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, la nueva ley, que aprueba las unidades básicas de ordenación del territorio (UBOST) y modifica otros dos textos, podría ver la luz en los inicios de la primavera de 2017, que ha situado en concreto entre el 21 de marzo y el 20 de abril.

De Santiago-Juárez se ha confesado "optimista por naturaleza" por lo que ha confiado en un acuerdo final con todos los grupos, principalmente con el Grupo Parlamentario Socialista con el que la Junta ha centrado la negociación más "seria, profunda e intensa" ya que la norma necesita el apoyo de dos tercios de la Cámara. El consejero ha aprovechado la ocasión para agradecer al PSOE y a los agentes económicos y sociales de la Comunidad su capacidad para llegar a acuerdos en esta materia.

"Las cuentas pueden salir de otra manera, pero no vamos por ahí", ha aclarado el vicepresidente de la Junta, en referencia a la posibilidad de alcanzar esos dos tercios de apoyos con la suma de los votos de PP, Podemos y Ciudadanos.

Preguntado por las iniciales dudas de algunos presidentes de diputación gobernadas por el PP, el vicepresidente y consejero de la Presidencia no ha dudado al augurar que el Grupo Parlamentario Popular votará "en bloque" y "sin fisura" este Proyecto de Ley que será remitido hoy mismo a las Cortes de Castilla y León para que inicie su tramitación en ese objetivo de poder "culminar con éxito" el modelo de Ordenación Territorial, un "asunto de Comunidad" que, según ha defendido en reiteradas ocasiones, necesita trascender a los vaivenes de la política.

De Santiago-Juárez ha definido el nuevo texto como "municipalista y autonomista" y ha asegurado que las 193 unidades básicas de ordenación y servicios del territorio (177 rurales -cada una integrará un promedio de 12,8 municipios y una población de casi 6.460 habitantes-- y 16 urbanas) permitirán mejorar la prestación de servicios esenciales, principalmente en el medio rural, en un territorio "tan complejo y tan amplio".

"Se ha hablado mucho de los mapas pero lo menos importante son los mapas", ha considerado el consejero de la Presidencia quien ha llegado a comparar las críticas a los citados mapas con las personas que miran al dedo que señala la luna.

El vicepresidente y consejero de la Presidencia ha aclarado que la Junta podría haber optado por aprobar los mapas a través de un simple anexo para destacar que el Proyecto de Ley que aprueba las UBOST permitirá flexibilizar el modelo de la Ordenación del Territorio que no será "tan rígido" como el inicialmente previsto en la delimitación de las unidades básicas o mancomunidades.

A esto ha añadido que se blindará por ley la prestación de servicios públicos esenciales y que se podrá desbloquear el camino para corregir los desequilibrios económicos y demográficos de la Comunidad al facilitar la aprobación de las Áreas Funcionales Estratégicas --su delimitación deberá estar definida en los seis meses desde la aprobación de la ley-- para elaborar sobre ellas el Plan Plurianual de Convergencia Interior y regular el Fondo de Compensación Autonómico --habrá otro plazo adicional de seis meses--.

Según ha detallado el vicepresidente y consejero, el texto garantiza el mantenimiento de los servicios públicos de competencia autonómica en el medio rural, "incluso en los nueve casos en los que actualmente existan dos centros de salud en una UBOST", y el volumen de prestación de servicios en cada una de las provincias.

También garantiza el derecho de los municipios a constituir las nuevas mancomunidades de interés general y o mantener las mancomunidades actualmente existentes "siempre que funcionen", ha advertido, así como la continuidad de las Comunidades de Villa y Tierra, que tienen su origen hace tres siglos, y el derecho de todas ellas a recibir ayudas de la Administración de la Comunidad.

Finalmente, ha explicado que el texto recoge también una "atención especial" a la singularidad de la Comarca de El Bierzo que, según ha recordado, sólo se ha hecho cargo en sus 25 años de existencia de las competencias cedidas por el Gobierno de Castilla y León. Como se acordó en su día, también se incluye la declaración del Área Funcional Estable de Benavente, y la modificación de las Áreas Funcionales Estables de Burgos y de Aranda de Duero con la incorporación de dos municipios.

Por otro lado, el proyecto de ley aprobado garantiza la adaptación de las rutas de transporte interurbano al mapa de UBOST donde se deberá priorizar la comunicación con los municipios en los que se presten servicios públicos esenciales de competencia autonómica.

FLEXIBILIZA EL MODELO

En cuanto a la flexibilización del modelo, se define la "coincidencia sustancial" que la ley 7/2013 de ordenación, servicios y gobierno del territorio de Castilla y León establece que se debe producir entre el ámbito territorial de una o varias UBOST, tanto con la zonificación de servicios autonómicos como con las mancomunidades de interés general.

Entre otras cuestiones, se permite que los municipios que pertenezcan a una UBOST de otra provincia --habrá once UBOST interprovinciales-- puedan pertenecer a una mancomunidad de interés general de la suya o se establece un margen de coincidencia de hasta el 50 por ciento en la constitución de las nuevas mancomunidades de interés general para los servicios locales.

También determina que la cartera común y homogénea de competencia y funciones de las mancomunidades de interés general rurales esté integrada por dos bloques, uno con las competencias y funciones mínimas y otro con las que cuya asunción será de carácter voluntario.

Por último, De Santiago-Juárez ha explicado que en el caso de las entidades menores "ricas" tendrán que llegar a un acuerdo con el municipio del que dependen para prestar servicios si quieren que el dinero que les corresponde por los tributos propios les llegue directamente.