La Unión de Consumidores de CyL presenta en la Audiencia Nacional la denuncia por estafa contra los gestores de Ceiss

Los hechos se pusieron en abril en conocimiento de la Fiscalía de Valladolid, que acordó abrir diligencias para investigar lo ocurrido

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Consumidores de Castilla y León ha presentado esta mañana en la Audiencia Nacional una denuncia por presunto delito de estafa agravada contra los gestores de Caja España y Caja Duero, hoy Banco Ceiss, con motivo de la emisión y comercialización en 2009 y 2010 de preferentes y subordinadas en la comunidad autónoma, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La denuncia va dirigida contra los entonces presidentes de Caja España, Santos Llamas, y Caja Duero, Julio Fermoso, así como contra los respectivos directores generales de ambas entidades, Javier Ajenjo y Lucas Hernández, junto con Antonio Fernández Fernández (director financiero de Caja España), Arturo Jiménez (director financiero de Caja Duero), Óscar Fernández Huerga (director comercial de Caja España) y quien en 2009 ocupaba el cargo de director comercial de Caja Duero, a falta de que la entidad correspondiente concrete su identidad, así como contra ambas entidades y la resultante de la integración, Banco Ceiss.

La Unión de Consumidores de Castilla y León les imputa delitos de estafa agravada de los artículos 248.1, 249, 250.1 1º, 4º, 5º y 6º y 2, del Código Penal, en relación con un delito de estafa de inversores del artículo 282 y 282 bis; de un delito de publicidad engañosa previsto en el artículo 282; de un delito de administración fraudulenta o desleal, penado en el artículo 295 del Código Penal, y de un delito de maquinación por alterar el precio de las cosas, previsto en el artículo 284 del mismo cuerpo Penal.

De esta forma, la Unión de Consumidores, que representa a unos cuatrocientos afectados, da un paso más después de que el pasado día 16 de abril pusiera los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Valladolid y la fiscal jefe, Esther Pérez Jerez, acordara entonces la apertura de diligencias penales contra responsables de Ceiss, convirtiéndose así en la primera investigación por estos hechos abierta por una fiscalía en toda España relacionada con la emisión de participaciones preferentes.

Sin embargo, la responsable de la Fiscalía vallisoletana dio en septiembre traslado de las diligencias a la Fiscalía Anticorrupción por entender que la competencia era de la Audiencia Nacional, órgano en el que el presidente de la organización de consumidores, Prudencio Prieto, y el letrado Santiago Díez han presentado sobre las 11.00 horas de hoy la correspondiente denuncia contra los gestores de Ceiss.

"PELIGRO PARA LA ECONOMÍA"

"Confiamos en que la presentación de la denuncia sirva para dar ejemplo y evitar estas desagradables situaciones que ponen en peligro la economía de los ciudadanos", ha indicado Prieto en declaraciones a Europa Press. El presidente de los consumidores de Castilla y León ha agregado que su asociación "no podía permitir" una situación así.

La Fiscalía de Valladolid se había declarado inicialmente competente para investigar unos hechos que, tras analizar la documentación presentada por la Unión de Consumidores de Castilla y León, entendió que pudieran revestir caracteres de un delito de estafa de los artículos 248, 249 y en algunos supuestos del artículo 250 del Código Penal.

La decisión del departamento de Pérez Jerez partía de la evidencia, según entendía, de que los ahorradores minoristas a los que se refieren las presentes diligencias, clientes de Caja España o de Caja Duero (Banco CEISS actualmente), quienes en 2009 y 2010 suscribieron preferentes por importes que oscilan entre los 4.000 y los 113.000 euros, confiando en las mismas por la relación que les unían desde hace años, recibieron una información en las que no se les puso debidamente al corriente de los riesgos del producto que adquirían, como es la posibilidad de pérdida del dinero y no cobro de los intereses.

"Esta información incompleta o inveraz ha generado un error en el consentimiento de los adquirientes de participaciones preferentes en cuanto entendieron que era similar a un plazo fijo con mayor retribución", a lo que la Fiscalía vallisoletana sumaba el hecho de la avanzada edad de muchos de ellos y su carencia de conocimientos financieros en todos los supuestos, lo que determinó que "sufrieran un innegable perjuicio en tanto que no pueden disponer del dinero y tienen suspendido el pago de intereses por la situación económica de Banco Ceiss".

Pero además, y para cimentar aún más la justificación de las presentes diligencias penales, la acusación pública incidió en que en ninguno de los contratos se había realizado el test de idoneidad y en muchos casos no se había formalizado el test de conveniencia, mientras que otros se suscribieron incluso a posteriori de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con fecha 16 de junio de 2010, recordara a los emisores de preferentes que es una mala práctica realizar entre los inversores minoristas 'cases' al valor nominal si éste es diferente al del mercado, ya que en caso de transacciones por encima del mismo se está perjudicando al inversor que adquiere los valores.

"ESTAFA EN MAYÚSCULAS"

En una comparecencia pública entonces de Prieto, tras conocer la apertura de diligencias por Fiscalía de Valladolid, insistió en mostrar su agradecimiento a la responsable de la Fiscalía vallisoletana, "que ha aceptado el encargo de tratar de demostrar que esto es una estafa en negrilla y en mayúsculas" tras constatar, tal y como incidió, que ambas entidades han "abusado de la confianza de sus clientes" e incluso han presionado a sus trabajadores, bajo amenaza de despido, para comercializar este tipo de productos.

En la misma línea, el letrado Santiago Díez añadió ese día que ambas entidades utilizaron este tipo de productos para convertir en capital el ahorro de estas personas, ahorradores individuales, minoristas, no profesionales y con un perfil de riesgo, "convirtiéndoles de este modo en inversionistas de unas cajas que presentaban serio riesgo de quiebra".

Banco CEISS declinó entonces pronunciarse sobre el inicio de la investigación penal pero, sin embargo, trasladó a Europa Press su propósito de ofrecer soluciones a los afectados y el compromiso de mantenerles informados de cualquier avance en la materia. La entonces Caja España realizó dos emisiones de Participaciones Preferentes en fechas 11 de noviembre de 2004 por un total de 150 millones de euros y el 19 de mayo de 2009 por 200 millones, ofreciendo un tipo de interés del 5,15 y del 8,25 por ciento, respectivamente. La periodicidad del pago del cupón, en ambos casos, era trimestral.

Por su parte, Caja Duero también realizó dos emisiones, una en el año 2003 y otra el 25 de marzo de 2009, esta última por importe de 100 millones y con un tipo de interés del 8,75 por ciento. El pago del cupón tenía también una periodicidad trimestral. Ambas entidades hicieron llegar a sus clientes las emisiones, comercializando éstas a través de sus redes de oficinas. Sin embargo, fue el 5 de febrero de 2013 cuando Banco CEISS, heredero de ambas entidades, puso en conocimiento de la CNMV un hecho relevante, la imposibilidad de abonar los cupones emitidos.

Se advertía de que la previsión de resultados del ejercicio de 2012 de Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SAU, se había visto afectada por el cumplimiento de los reales decretos-ley 2/2012 y 18/2012, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Reestructuración y Capitalización de la entidad y con lo señalado en sus respectivos folletos, donde se vincula el pago de los correspondientes cupones a la existencia de beneficio distribuible suficiente.