Andorra aprueba la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

El texto obliga a los cargos públicos a hacer una declaración privada de su patrimonio

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 3 (EUROPA PRESS)

El Consell General --parlamento andorrano-- ha aprobado este viernes la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que prevé que los cargos públicos deban hacer una declaración de su patrimonio al inicio y al final de la legislatura, que será privada.

Lo han anunciado los grupos parlamentarios de Demcrates, Liberals y Ciutadans Compromesos, que configuran la coalición de gobierno, mediante un comunicado de prensa conjunto.

El texto se ha votado por partes y ha tenido siempre el apoyo de los grupos de la mayoría, que entienden que la ley tiene por objetivo de "alinearse a los estándares internacionales".

Los grupos de la oposición, Partit Socialdemcrata y Terceravia, han apoyado algunos puntos de la proposición, mientras que en otros se han abstenido o han votado en contra.

DECLARACIÓN PRIVADA

La nueva Ley obligará a los cargos públicos y altos cargos a hacer una declaración privada de su patrimonio al inicio y al final de la legislatura "para evitar cualquier enriquecimiento ilícito o corrupción" durante el período, señala el comunicado de los grupos de la mayoría.

Esta declaración se deberá hacer ante notario y de forma privada para que la información no se convierta en objeto de comentarios y chismes ni suponga un freno a aquellos ciudadanos que quieran dedicarse a la política, ha argumentado la presidenta suplente del grupo parlamentario Demcrata, Mnica Bonell.

TRANSPARENCIA EN TRES VERTIENTES

El texto aplica un marco legal del principio de transparencia desde una triple vertiente: obligación de publicidad por parte de las instituciones públicas; reconocimiento del derecho al acceso a la información pública por parte de la ciudadanía, y la obligación de la declaración de patrimonio.

En cuanto a la obligación de publicidad, las administraciones deberán mantener actualizada y pública información relativa a los lugares de trabajo y retribuciones de los funcionarios y trabajadores públicos, así como la relación de altos cargos y de libre designación.

De la misma manera, deberán tener una relación de contratos licitados y adjudicados y de los bienes inmuebles y equipamientos públicos.

"Esta publicidad se deberá hacer a través de la nueva plataforma Govern Obert, que se deberá crear, y a las páginas web de las diferentes entidades públicas", ha informado Bonell.

La ciudadanía podrá solicitar y acceder a información y documentación de la Administración, "sin necesidad de un interés legítimo", detalla la nota de prensa.

En este punto, el texto legal prevé que se pueda declarar cierta información como reservada de Estado, como aquella que afecte a la defensa y a la seguridad nacional; a las relaciones internacionales y obligaciones de confidencialidad, y a la seguridad pública.

CON IMPLICACIÓN DE TODAS LAS IDEOLOGÍAS

Bonell ha recordado que el texto se ha ido trabajando a lo largo de los últimos dos años y "cuenta con la implicación y titularidad de todas las ideologías representadas en el arco parlamentario".

Por eso ha valorado que se trata de "una aprobación histórica", que supone un punto de inflexión en favor de la transparencia de las instituciones públicas hacia la ciudadanía y la lucha contra la corrupción.

SIN RÉGIMEN SANCIONADOR

Por su parte, el grupo Socialdemcrata ha defendido "la necesidad de un régimen sancionador" en el ámbito de transparencia y acceso a la información pública, ha remarcado en un comunicado.

El grupo había presentado reservas de enmienda apostando por establecer infracciones "aplicables a altos cargos, personal al servicio de las administraciones públicas y otras, y una evaluación de su cumplimiento".

La consellera general Susanna Vela ha considerado que la norma debería haber sido "más osada y valiente", y que hay dudas sobre su capacidad transformadora de las administraciones públicas si no se cuenta con un régimen sancionador.

SEPARAR PARTICIPACION CIUDADANA E INFORMACIÓN PÚBLICA

Por su parte, el grupo de Terceravia "apuesta por legislar en dos textos legales distintos de la Ley de transparencia los aspectos referidos a la participación ciudadana y a la información pública y reservada de Estado", según su comunicado.

"Esta no es la Ley de Transparencia que Andorra necesita", ha manifestado el conseller general Joan Carles Camp durante el debate del texto este viernes en cede parlamentaria.

Camp ha señalado, en relación a la información reservada de Estado, que "el Estado somos todos, no sólo el Gobierno, no debe estar únicamente en manos del Gobierno".

Y en cuanto a la participación ciudadana, el representante de Terceravia ha indicado que "no se debería incluir por la puerta de atrás", ya que es importante y representa el ejercicio de la soberanía popular.

Asimismo, ha criticado que se encomiende la regulación de esta participación ciudadana a los comuns --los ayuntamientos-- mientras el Consell General "aprueba la Ley, se pone las medallas y pasa el 'marrón'".