Aumentan en un 44,8% las prestaciones por desocupación involuntaria otorgadas
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 2 Nov. (EUROPA PRESS) -
El gasto público en protección social en Andorra sumó 208,7 millones de euros en 2019 entre la Administración central y la Caja Andorrana de Seguridad Social, según ha informado este lunes el Departamento de Estadística del Gobierno en un comunicado.
Este gasto representa un aumento del 8,1% respecto el año anterior, cuando la suma fue de 193,1 millones de euros; a su vez, estos 208,7 millones representan un 8,1% respecto al Producto Interior Bruto (PIB) del país.
Además, el gasto en protección social por cápita llegó en 2019 a los 2.692 euros, cuando en 2018 era de 2.535 euros.
Este aumento del gasto "se explica principalmente por las prestaciones de enfermedad y discapacidad, que aumentan el +7,4%, y por las prestaciones para la gente mayor, que incrementan el +10,3% respecto el año anterior", ha destacado el Departamento de Estadística.
Las pensiones de solidaridad para la gente mayor, las pensiones de vejez no contributivas y las prestaciones de solidaridad sumaron 7,2 millones de euros durante el 2019.
SUBEN UN 44,8% LAS PRESTACIONES POR DESOCUPACIÓN
Se presentaron un total de 139 solicitudes de prestaciones sociales por desocupación involuntaria durante el 2019, y un 69,8% se resolvieron favorablemente; así, los hogares que recibieron una prestación por desocupación involuntaria aumentaron un 44,8% respecto el 2018.
Según detalla Estadística de Andorra, el 45,7% de los hogares que recibieron esta ayuda eran unipersonales y las nucleares fueron el 21,4%; por nacionalidades, fueron los andorranos (44,3%) y los españoles (32,6%) los que recibieron la mayor parte del importe de las ayudas.
El número de beneficiarios de esta ayuda ha aumentado a 2,7 por cada mil habitantes en 2019 --era de 1,9 en 2018-- y el volumen de estas prestaciones respecto al PIB aumentó un 39,9% y se situó en el 0,012%.
2 MILLONES DE AYUDAS PARA EL ALQUILER
Las ayudas para el pago del alquiler de viviendas comprometieron el año pasado un total de 1,94 millones de euros, un 17,8% más que en la convocatoria de 2018, explica el Departamento de Estadística.
El número de solicitudes aumentó un 25,5% respecto el año anterior, y el 73,7% de ellas se resolvió favorablemente, recibiendo de media 1.842,55 euros por convocatoria y persona beneficiaria.
El importe de la liquidación presupuestaria del Gobierno de estas prestaciones corresponde al 0,42% del total del gasto del Ejecutivo, y representa el 0,06% del PIB, datos que representan un crecimiento del 16,7% y del 13,6% en comparación al 2018 respectivamente.
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