El Gobierno de Colau prevé eximir de la tasa de alcantarillado a las familias con pobreza energética

   La medida irá al pleno e implicaría 15 euros menos al año, y propone que el AMB no cobre residuos

   BARCELONA, 5 Jul. (EUROPA PRES) -

   El Gobierno de Ada Colau llevará a la comisión de Economía de la próxima semana y al pleno municipal una medida para eximir de la tasa de alcantarillado incluida en la tarifa del agua a las familias en situación de pobreza energética, asunto por el que atiende a 7.476 hogares, lo que equivale a 18.690 personas.

   La tasa de alcantarillado representa un coste de entre diez y 15 euros anuales a cada hogar --con la tasa se cubre un tercio del coste del servicio y está congelada desde hace seis años--, han detallado en rueda de prensa este miércoles la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, y el concejal de Presidencia y Energía, Eloi Badia.

   Esta medida, que prevén que pueda aprobarse finalmente después del verano ---el pleno de este mes la aprobaría inicialmente si prospera--, implicaría unos 100.000 euros para el Ayuntamiento al asumir el coste de la tasa, que representa alrededor de un 7% de la factura.

   La factura del agua incluye cinco conceptos: esta tasa de alcantarillado, el suministro, el canon del agua --que depende de la Generalitat--, el IVA y la tasa de tratamiento de residuos --del Área Metropolitana de Barcelona (AMB)--, conceptos que se agrupan en una misma factura para optimizar la gestión administrativa, ha defendido Badia.

   Prevén llevar al consejo metropolitano del AMB una propuesta para que la tasa de tratamiento de residuos no se cobre a estas familias en situación de pobreza energética, algo que se abordará también después de verano y que afectaría a toda el área metropolitana.

   El AMB cubriría lo que no pagaran estas familias por la tasa, que representa un 14% de la factura, y abogan por que tanto la administración supramunicipal como el Ayuntamiento liquiden la deuda en alcantarillado y residuos de familias que acumulan hasta 1.000 euros.

   El concejal ha sostenido que "todavía quedarán elementos en el recibo sobre los que valdrá la pena reflexionar" y dependen de otras administraciones: el IVA, que regula del Gobierno central y que pide reducir, y el canon, que depende de la Generalitat, que está estudiando el asunto, según Badia.

ACREDITACIÓN DE SEGURIDAD GRATUITA

   El Ayuntamiento ha negociado un convenio entre la Agencia de Energía de Barcelona, el Institut Municipal de de Serveis Socials y el Gremi d'Instal·ladors de Barcelona, que establece un protoclo para que las familias con dificultades no deban pagar el Boletín de Reconocimiento de Instalaciones Eléctricas (Brie), requerido para cambiar el contrato o su titular.

   Preguntado por los periodistas, Badia ha señalado que han atendido unos 200 casos de familias que se han encontrado en la situación de tener que pagar este documento y no poder afrontar el gasto, ya que cuesta unos 100 euros, que asumirá el Ayuntamiento, con un coste aproximado de 20.000 euros.

MESES TRABAJANDO

   Ha asegurado que el Ayuntamiento trabaja este asunto con Aigües de Barcelona desde hace al menos cinco meses, y ha lamentado que la sociedad acusara al consistorio de no subvencionar las tasas de su competencia cuando sabía que el Gobierno municipal ya lo estaba analizando: "Parece que la campaña haya sido más para ensuciar una medida que creo que deberíamos celebrar todos".

   Badia, que votó en contra de las cuentas de Aigües de Barcelona, ha defendido que los beneficios deberían destinarse a rebajar las tarifas, y Ortiz ha aseverado: "Estamos hablando de suministros básicos, bienes que en otros sitios se prestan como un servicio público común. No hablamos de comprar y vender zapatos, estamos hablando de tener acceso al agua".

PUNTOS DE ASESORAMIENTO ENERGÉTICO

   Los Puntos de Asesoramiento Energético (PAE) han atendido desde enero a 4.626 hogares que, sumados a los atendidos por servicios sociales, alcanzan las 7.476, ha detallado Ortiz, que ha explicado que se han evitado 1.921 cortes de suministro y se han llevado a cabo 658 intervenciones urgentes en hogares con "carencias severas".

   Ha concretado que el 75% de los atendidos en los PAE no son usuarios de servicios sociales, por lo que ha pedido al Gobierno central que no fije este requerimiento para acceder a los bonos sociales, y ha señalado que los puntos de asesoramiento han impulsado unos 50 talleres comunitarios, que plantean intensificar durante el verano, cuando la pobreza energética también influye en la salud.