BARCELONA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
Más de un centenar de periodistas reclama ante el Supremo respeto a su derecho al secreto profesional
Querella de Europa Press y Diario de Mallorca: el auto es un ataque letal para la vida en democracia
Trabajadores de Europa Press se concentran en Madrid contra la incautación de material a periodistas en Baleares
Unos 60 periodistas se han concentrado este viernes a mediodía ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para defender la libertad de prensa tras la incautación de teléfonos a periodistas, con el mensaje 'Nuestro secreto profesional, tu derecho a la información' y la etiqueta en redes #ElSecretoNoSeToca.
Protestan ante el Palau de Justícia porque consideran un ataque al secreto profesional y a la libertad de prensa las entradas y registros de las redacciones de Europa Press y el Diario de Mallorca en Baleares, donde un juzgado se ha incautado de los móviles personales de dos informadores tras una exclusiva periodística sobre un caso de corrupción.
En un manifiesto leído por el periodista Jesús G.Albalat en nombre del sector, los profesionales trasladan su "intensa preocupación y alarma por la insólita e injustificable intromisión en los derechos que protege el artículo 20.1.d) de la Constitución" producida en el caso Cursach.
"En 40 años de vigencia de nuestra Constitución ningún miembro del Poder Judicial había ordenado entradas y registros en medios de comunicación para incautarse de teléfonos móviles y ordenadores de periodistas", que tratan de cumplir su misión constitucional en relación con un caso de corrupción: proporcionar información veraz a los ciudadanos, ha afirmado.
Se trata de un paso más en la protesta por los hechos ocurridos el pasado martes, cuando la Policía, por orden de un juez de instrucción, se personó en las mencionadas redacciones e intervino los teléfonos móviles personales de dos periodistas, así como dos ordenadores en el caso de Europa Press.
Perseguían un presunto delito de revelación de secretos en el que pudo incurrir un tercero tras una exclusiva difundida en julio sobre el caso de corrupción por el que se investiga al empresario Bartolomé Cursach.
En declaraciones a los medios, el periodista Germán González ha expresado que el proceso judicial debería tener en cuenta el trabajo de los profesionales del sector, "ya que una forma de destapar los casos de corrupción pasa por el respeto y amparo a las fuentes".
El también periodista Pere Ríos ha explicado que protestan por una decisión judicial que vulnera un derecho constitucional y ha lamentado "una regresión espectacular como nunca había sucedido" desde que hay democracia al ordenar la incautación de material de periodistas.
CONVOCATORIA
Los convocantes afirman que el secreto profesional de los periodistas es "el único secreto constitucionalmente protegido y su sacrificio para perseguir un delito de revelación que, si acaso, estaría castigado con una simple multa, representa no solo un ataque desproporcionado al derecho fundamental a la información sino que también sienta un precedente gravísimo al demoler por completo y de forma indiscriminada la debida protección de las fuentes periodísticas".
Tras lo sucedido, informadores de toda España han mostrado su solidaridad con los compañeros y los medios de comunicación afectados, así como diversas agrupaciones profesionales, y más de 200 periodistas firmaron un primer escrito que fue entregado en mano al día siguiente a la fiscal general del Estado, María José Segarra, y motivaron que el Consejo Fiscal se pronunciase al respecto, si bien se declaró no competente para opinar sobre una investigación en curso.
Más de medio millar de periodistas refrendaron un segundo escrito presentado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) instando al órgano de gobierno de los jueces a posicionarse en favor del derecho fundamental a la información sin injerencias indebidas que blinda la Constitución y frente este tipo de ataques a la libertad de prensa.
"En 40 años de vigencia de nuestra Constitución ningún miembro del Poder Judicial había ordenado entradas y registros en medios de comunicación para incautarse de teléfonos móviles y ordenadores de periodistas que tratan de cumplir su misión constitucional en relación con un caso de corrupción: proporcionar información veraz a los ciudadanos", destaca el escrito.
La Comisión Permanente del CGPJ defendió tras este escrito el derecho fundamental a la libertad de información y afirmó que "sin una prensa libre que cuente con un marco adecuado de protección no es posible el desenvolvimiento de una sociedad democrática".
