Aplazado el juicio a un mosso acusado de buscar a dos vecinos 'okupas' en bases de datos policiales

La Audiencia de Barcelona no empieza el juicio porque falta el expediente disciplinario al sargento

BARCELONA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Barcelona ha aplazado hasta el viernes 5 de julio el juicio a un sargento de Mossos d'Esquadra acusado de un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos por haber buscado en bases de datos policiales información sobre dos personas que 'okupaban' el piso debajo del que vivía, en El Masnou (Barcelona).

El juicio tenía que celebrarse este jueves en la sección 21 de la Audiencia de Barcelona, pero se ha aplazado porque en la causa no consta el expediente disciplinario que dio pie al procedimiento judicial, y a petición del fiscal el tribunal ha aceptado que es necesario para hacer el juicio.

Se trata del expediente que Mossos abrió al sargento por un atestado que incluía datos de sus vecinos 'okupas', que había conseguido en bases de datos del cuerpo presuntamente sin autorización.

El sargento formaba parte de la unidad de seguridad en el transporte metropolitano de Barcelona, y desde esa unidad firmó un atestado en el que se dirigía a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) y alertaba del presunto desamparo de una menor, hija de la mujer que había ocupado ilegalmente el piso de debajo de donde vivía él.

En el mismo atestado detalló que otro hombre que vivía en el piso 'okupado' tenía antecedentes por delitos violentos, y también dio esta información al propietario del piso y en una instancia al Ayuntamiento.

El fiscal ha criticado que esto supone "una manifiesta irregularidad procedimental y profesional, que parece ser es lo que motivó la incoación" del expediente disciplinario que falta en la causa y que se añadirá antes de retomar el juicio en julio.

LA DEFENSA CRITICA UNA AUDITORÍA "PROSPECTIVA"

A raíz de este atestado, los Mossos ordenaron una auditoría que según el fiscal respondía a la presunta mala praxis del policía; en cambio, según la defensa la auditoría debía aclarar si la información que dio el mosso era correcta, y por eso cree que la investigación sobre él fue "prospectiva".

En la fase de cuestiones previas del juicio, la defensa del sargento ha esgrimido este expediente para alegar que se le sometió a una auditoría "prospectiva" y por tanto anular la causa, y el fiscal, que le contradice, ha pedido no empezar el juicio sin esta prueba para que los jueces puedan comprobarlo.

"No sabemos en este momento si de verdad va ser decisivo o no, pero es importante para poder determinar si existe alguna base para la petición de nulidad que plantea la defensa", ha señalado el presidente del tribunal al anunciar la decisión de aplazar el juicio hasta tener el informe completo, del que ahora solo constan 13 páginas.

Se da la circunstancia de que, en la fase de instrucción, la defensa pidió añadir este expediente a la causa pero el juez instructor lo rechazó, y también lo declinó la Audiencia de Barcelona al contestar al recurso que presentó la defensa, y al que la Fiscalía no se sumó.

En este sentido, la abogada del sargento ha criticado que desde el primer momento el fiscal sabía que la causa judicial empezó a raíz de un expediente disciplinario y "ha tenido tiempo de sobra" para pedirlo durante el año que ha durado la instrucción.

"AUTORIZADO POR UN SUPERIOR"

La abogada también ha señalado que el atestado que firmó el sargento "fue autorizado por un superior jerárquico", y ha criticado que el Ayuntamiento dio a la Policía Local y ellos a los Mossos información sobre el acusado supuestamente sin base jurídica para hacerlo.

También ha alegado que la instancia que el sargento presentó al Ayuntamiento "es un acto de participación política, que censura una gestión negligente de la Policía Local y el Ayuntamiento", un trámite en el que ha señalado que se debería proteger a los ciudadanos.

Fiscalía y defensa expondrán sus argumentos en el juicio el viernes 5 de julio, cuando el sargento afrontará una petición de condena de tres años y nueve meses de prisión y otros siete años de inhabilitación.