El arquitecto del proyecto del hotel dice que no sabía que el Palau ya no era el titular

BARCELONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El arquitecto del proyecto de construcción de un hotel de lujo junto al Palau de la Música, Carlos Díez, ha asegurado ante el tribunal que desconocía que la propiedad de los terrenos había pasado a manos de una promotora privada y no era ya de la institución cultural, como presuntamente hacían constar los acusados para aparentar que la obra tenía un interés público.

"De saberlo habría dado instrucciones para cambiarlo" en la documentación, ha reafirmado el arquitecto en su declaración como acusado este martes en el juicio que se celebra en la Audiencia de Barcelona por las supuestas irregularidades en el proyecto de construcción del edificio que nunca llegó a ver la luz.

El fiscal cree que los acusados, entre ellos el expresidente del Palau Fèlix Millet, su mano derecha, Jordi Montull, y el arquitecto, hicieron constar en la tramitación y en la memoria que las fincas eran propiedad de la fundación de la institución cuando "sabían que eso no sería cierto ya que se transmitiría la titularidad a otra persona o entidad", en este caso a la promotora del proyecto Olivia Hotels.

Díaz ha asegurado que no era consciente de que la fundación no era la propietaria real de los terrenos y ha achacado la responsabilidad en otro arquitecto, Xavier Sust, en el que "confiaba plenamente".

El fiscal, que pide para Díez cuatro años y siete meses de cárcel por el presunto delito continuado de falsedad documental y otro de prevaricación, le ha interrogado durante más de cuatro horas en las que le ha mostrado numerosos documentos y correos sobre reuniones con los exresponsables del Palau, de quienes el acusado ha dicho que eran "públicamente conocidos", de ahí sus numerosos contactos con políticos.

Las declaraciones se reanudarán este martes por la tarde con el interrogatorio al exsecretario de la Presidencia de la Generalitat y exconcejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Barcelona, Ramon García-Bragado, para el que el fiscal pide también cuatro años y siete meses por los mismos delitos.