La ATA alega contra la regulación de las viviendas de uso turístico de Caldes de Malavella (Girona)

GIRONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Associació Turística d'Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA) ha alegado contra la nueva ordenanza que regula las viviendas de uso turístico (HUT en sus siglas en catalán) de Caldes de Malavella porque considera que vulnera las normativas de la Generalitat y atribuye a los gestores de los HUT obligaciones que "legalmente no les corresponden".

Los abogados de la asociación han elaborado un documento con nueve artículos que rebaten aspectos de la ordenanza como la nueva obligación de las HUT de disponer de un teléfono de contacto para cuestiones que "corresponden" a la ordenanza de convivencia del municipio, ha informado la ATA en un comunicado este miércoles.

La asociación ha argumentado que este hecho vulnera el principio de seguridad jurídica de la Constitución y ha remarcado que el teléfono debe usarse para consultas y no para el control del espacio público, ya que los gestores y propietarios de estas viviendas no son agentes del orden y no pueden asumir "una responsabilidad que no los corresponde".

Otro aspecto que se ha criticado es la obligación de las HUT de efectuar una declaración de responsabilidad en el ayuntamiento antes de empezar la actividad, ya que ATA considera que vulnera una normativa ya regulada por la Generalitat y recuerda que desde 2021 este proceso se puede realizar de forma telemática.

La asociación también ha reivindicado que el alcalde no tiene las competencias para determinar la periodicidad de las inspecciones tal como quiere la ordenanza, y reclama que esta no especifica cómo cumplir con la obligación que establece de responder a cualquier requerimiento en un plazo no superior a los 30 minutos.

Otras cuestiones en las que la ATA muestra su desacuerdo son las imposiciones de falta por no disponer de determinados documentos, dado que la Ley de Consumo de Catalunya ya lo prevé, y la potestad que se ha dado a la administración para regular la graduación de las sanciones sin indicar los criterios, ya que supone un riesgo de que se haga de "manera arbitraria".