Barcelona elaborará un estudio sobre el impacto económico y en el empleo del MWC

BARCELONA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Economía y Hacienda de Barcelona ha aprobado este martes a propuesta de la CUP elaborar un estudio sobre el impacto económico y en el empleo del Mobile World Congress (MWC) en función de los beneficiarios y si el destino es para el ámbito público o el privado, algo que ha contado con el apoyo del Gobierno de BComú y PSC y también ERC, el rechazo de Cs y la abstención del grupo Demòcrata y del PP.

La propuesta también pide que el informe analice otros efectos como la ocupación del espacio y del transporte público, la contaminación atmosférica y acústica y los descuentos fiscales, y propone un estudio sobre los puestos de trabajo temporales del MWC por sectores, sexo, sueldos y duración del contrato, entre otros elementos.

La comisión también ha aprobado una propuesta del grupo Demòcrata para instar al Gobierno municipal a acordar un salario mínimo de ciudad con las principales organizaciones sindicales y patronales de Barcelona y para que el Ayuntamiento y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) se comprometan a pagar a sus trabajadores al menos este sueldo.

La medida --que ha prosperado con los votos a favor también de BComú, PSC y ERC, el rechazo de Cs y la abstención del PP y la CUP-- aboga también por incluir cláusulas sociales en los pliegues de los concursos públicos del Ayuntamiento y del AMB, ante lo que la concejal demócrata Sònia Recasens ha dicho que el anterior ejecutivo del exalcalde de Xavier Trias "lo dejó todo preparado, pero el Gobierno municipal no ha hecho nada".

El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ha avanzado que la alcaldesa, Ada Colau, firmará un decreto para obligar al Ayuntamiento a incluir cláusulas sociales, y ha criticado que ERC y la CUP exijan al Gobierno municipal establecer un salario mínimo porque jurídicamente no puede, y ha espetado a Josep Garganté (CUP): "No he encontrado a ningún Ayuntamiento de la CUP que lo haya hecho, pero si aquí el líder revolucionario recuerda alguno, estaré contento de sacarlo adelante".

HACIENDA CATALANA

El concejal popular Javier Mulleras ha pedido que Barcelona no ceda sistemáticamente datos fiscales a la Agencia Tributaria de Catalunya, mientras que el edil de Cs Paco Sierra ha preguntado por la protección de datos de los barceloneses que se nieguen a que el Ayuntamiento facilite sus datos fiscales a la Generalitat, tras un convenio entre el consistorio y la agencia.

Pisarello ha recordado que el objetivo del convenio es combatir el fraude fiscal y que deben facilitarse los datos para evitarlo, tras lo que ha recordado que el Ayuntamiento está obligado a dar estos datos a cualquier administración tributaria, de acuerdo con la Ley General Tributaria, y ha pedido: "No vean fantasmas donde no los hay".

SUPERÁVIT Y PLUSVALÍAS

Los votos a favor de los dos grupos del Gobierno municipal, del grupo Demòcrata y ERC, el rechazo de la CUP y la abstención de Cs y PP, la comisión también ha aprobado, a propuesta de los republicanos, actualizar la estrategia para reforzar el turismo cultural asociado la marca Barcelona mediante la coordinación del Ayuntamiento con cinco programas culturales impulsados con la Generalitat.

Con la abstención del Gobierno municipal y el rechazo de la CUP, ha prosperado una proposición de Cs para que el Gobierno justifique el nivel de ejecución y el destino de las modificaciones de crédito realizadas en 2015 y 2016 y elabore un plan de inversiones para los barrios dotado con los recursos del superávit del pasado ejercicio, de 97,5 millones de euros, que Pisarello ha recordado que se destinarán al reponer el remanente de tesorería y a inversiones financieramente sostenibles, incorporadas en Presupuesto de 2017.

La comisión también ha aprobado una propuesta del PP para instar al Gobierno central a estudiar con la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) modificar el impuesto sobre el incremento de los valores de terrenos de naturaleza urbana ---las plusvalías--- para evitar gravar minusvalías en la venta de bienes inmuebles, algo que han apoyado el grupo Demòcrata, Cs y ERC, mientras que el Gobierno municipal se ha abstenido y la CUP ha votado en contra.