Barcelona impulsa un documento de vecindad para evitar que inmigrantes irregulares vayan al CIE

Prevé emitirlo cuando la persona lleve un año en España y seis meses en Barcelona

BARCELONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona impulsará un documento de vecindad que acredite el arraigo en la ciudad para evitar que inmigrantes irregulares sean internados en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), ha explicado este lunes en rueda de prensa el teniente de alcalde Jaume Asens.

"Haremos todos lo posible para que ningún vecino de Barcelona tenga que entrar en el CIE, mientras no logremos cerrarlo", ha aseverado Asens, que ha resaltado que pretenden con el documento que los jueces descarten enviar a inmigrantes a los CIE al demostrar su arraigo, que disminuye o elimina el riesgo de fuga, según él.

El director de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes, Ramon Sanahuja, ha destacado que el documento será una prueba del proceso de vida e integración de una persona en la ciudad, que podrá solicitarse a partir de un año viviendo en España y de al menos seis meses en Barcelona y tendrá en cuenta si se realiza algún curso, si cuenta con familia en la ciudad y si pertenece a alguna asociación, entre otros elementos.

Prevén que se ponga en marcha después de verano con una prueba piloto hasta finales de año --están pendientes de informes jurídicos sobre el tema-- y que se pueda solicitar en las Oficinas de Atención Ciudadana (Oac) para que después la Dirección de Atención y Acogida a Inmigrantes realice entrevistas para emitir el documento, que recogerá la situación de cada persona.

Cuando actualmente se decreta el ingreso en un CIE, el abogado debe demostrar en un plazo breve que la persona está arraigada en la ciudad, algo que podrá acreditarse con este documento, más fehaciente que otros al contar con la administración como fuente, ha resaltado Asens, que se ha referido a su creación como la "medida estrella" de las acciones para garantizar el acceso universal a los servicios municipales.

Sanahuja ha señalado que todavía están estudiando el periodo de validez del documento y, preguntado por el presupuesto, ha explicado que el coste exacto irá en función de los circuitos de solicitud y las entrevistas, pero ha avanzado que tienen un presupuesto reservado para 2018 de unos 90.000 euros, dentro de unas medidas para favorecer la regularización de vecinos, que contarán con alrededor de 240.300 euros este año y otros 340.800 en 2018.

Estas medidas incluyen también favorecer el acceso universal a los servicios municipales, a través del padrón --garantizando servicios también como el aprendizaje del catalán y el castellano--, potenciar el asesoramiento jurídico y destinar planes de empleo y cursos de Barcelona Activa a inmigrantes irregulares para facilitar su regularización.

También prevén detectar y evitar situaciones de irregularidad sobrevenida al dejar de cumplir los criterios y los plazos necesarios, con un protocolo de derivación hacia Barcelona Activa y promoviendo informes de integración de la Generalitat, han explicado junto al decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab), Oriol Rusca.

Además, abogan por promover modificaciones legislativas con incidencia en la UE, mediante un grupo de ciudades europeas, y en España, "animando" a otros municipios del área metropolitana y el resto del Estado a aplicar medidas similares a las que promueve el Gobierno de Ada Colau, ha señalado Sanahuja.

ECONOMÍA SUMERGIDA

Ha resaltado que impulsarán acciones específicas en sectores en los que perciben más presencia de inmigrantes irregulares, como los trabajos del hogar, y trabajarán para promover que el Gobierno central firme el convenio de trabajadores del hogar que equipara sus condiciones laborales con las del régimen general, algo que han firmado diversos países europeos pero no España, ha dicho.

La comisionada de Inmigración, Lola López, ha resaltado que la inmigración irregular favorece la economía sumergida y que hay sectores que se aprovechan de su vulnerabildiad, tras lo que ha defendido que este plan "formaliza acciones que ya se llevaban a cabo y las pone de forma más ordenada" junto a nuevas medidas.

Rusca ha criticado que la legislación estatal es "absolutamente hipócrita", porque dificulta la regularización de los inmigrantes y no les ofrece soluciones, y ha expresado su apoyo a las medidas impulsadas por el Gobierno municipal.

El vicepresidente del Consejo Municipal de la Inmigración, Rodrigo Araneda, ha lamentado discursos discriminatorios que señalan a los inmigrantes como un peso para la sociedad, cuando "son un aporte, porque construyen una sociedad más diversa, más rica".