Barcelona ratifica el acuerdo con el Govern para la L10 de Metro con críticas de Mòdol (PSC)

Bosch reitera que ERC no entrará al Gobierno municipal y ve una "estrategia de seducción extraña"

BARCELONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha ratificado este viernes el acuerdo con la Generalitat para que la L10 de Metro llegue a la Zona Franca, que incluye la compra de diversos inmuebles por 40 millones de euros, medida que ha contado con el apoyo de todos los grupos excepto el PP, que se ha abstenido, aunque diversos han criticado algunos aspectos, incluido el concejal socialista Daniel Mòdol.

La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, ha recordado que el acuerdo incluye que el Ayuntamiento adquiera por estos 40 millones de euros dos piezas y un solar de Can Batlló; el Borsí o antigua Llotja de la calle Avinyó, y un espacio en las antiguas Cotxeres Borbó, que se destinarán a vivienda y equipamientos.

Ha asegurado que la compra de edificios a la Generalitat permitirá que el Ayuntamiento "gane en movilidad y equipamientos", y ha celebrado que la adquisición permitirá instalar equipamientos necesarios para los ciudadanos, así como dar respuesta a las reivindicaciones del barrio de La Marina.

Mòdol --en el Gobierno municipal desde la entrada del PSC en junio-- ha asegurado que la compra de edificios a la Generalitat para que destine el dinero al oficialmente llamado tramo 2 de la L9 implica que el Ayuntamiento asuma una "responsabilidad que no le toca", y ha insistido que no es el mejor método para dar este servicio a los vecinos de La Marina, ya que genera el desequilibrio con otros vecinos de la área metropolitana.

"A pesar de que se soluciona puntualmente el problema de una gente que lo necesita y que tiene una fuerte demanda, se renuncia a exigir a la Generalitat que cumpla con sus obligaciones y que ejecute la totalidad de esta infraestructura", ha expresado, y ha criticado que la ciudad está llena de edificios municipales vacíos, y ha observado que el sistema no es irle pagando la fiesta a la Generalitat, en sus palabras.

El líder municipal de ERC, Alfred Bosch, ha defendido que lo importante no es la administración que impulsa la llegada del Metro a la Zona Franca, sino que los vecinos tengan acceso al servicio, y le ha reprochado a Mòdol: "Tiene el morro de decirnos que no comparte cómo se están haciendo las cosas. Pues reflexione qué papel está haciendo en este Gobierno".

"¿Tengo que entender que lo que acaba de decir forma parte de esta estrategia de seducción tan extraña para que ERC entre en el Gobierno? Ya les digo que en este Gobierno no entraremos", ha insistido Bosch, que ha espetado a Mòdol que la prioridad de los republicanos es servir a los vecinos y no ocupar un lugar en un ejecutivo.

El concejal de la CUP Josep Garganté ha transmitido la posición de la asamblea de la CUP de Sants-Montjuïc, que ve positivo el acuerdo pero avisa de que se ha alcanzando tarde y después de la llegada del Metro al Aeropuerto de El Prat, "priorizado obedeciendo las exigencias del Mobile" World Congress (MWC).

Sònia Recasens (CiU) ha avisado al Gobierno municipal de que, tras pagar estos 40 millones, el Ayuntamiento tendrá un problema de liquidez porque está agotando su caja de forma peligrosa, y ha lamentado que miembros del ejecutivo criticaran en el mandato anterior medidas que el exalcalde Xavier Trias acordó con el Govern y que ahora hagan lo mismo, según ella: "La demagogia tiene las patas muy cortas".

"CHANTAJE"

El concejal de C's Santiago Alonso ha declarado que, aunque su grupo municipal apoya el convenio por la necesidad del barrio de la Marina, el acuerdo es un "chantaje" de la Generalitat al Ayuntamiento, ya que la responsabilidad de finalizar las obras del Metro es del Govern, por lo que considera que el convenio es una mala gestión con sobrecostes inasumibles para la ciudad.

El líder municipal popular, Alberto Fernández, ha coincidido en sostener que la Generalitat hace dejadez de sus funciones en Barcelona, por lo que el Ayuntamiento debe comprar estos inmuebles para que el Metro llegue a la Zona Franca, en un "verdadero chantaje a la ciudad y un agravio" respecto a otros municipios catalanes que convierte a los vecinos en rehenes, según él.