CC.OO. de Catalunya impulsa una ILP para exigir que se destine un 6% del PIB para la educación

Se insta a la reducción de ratios y a incrementar el gasto por alumno

BARCELONA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya ha impulsado una iniciativa legislativa popular (ILP) para exigir que se destine un mínimo del 6% del PIB para la educación catalana, como fija la Ley de Educación de Cataunya (LEC), y se prevé un plan de financiación del sistema educativo catalán en un periodo de cuatro años.

En un acto este miércoles en el Auditori de Sant Martí de Barcelona, el secretario general de CC.OO. de Catalunya, Javier Pacheco, ha destacado el compromiso del sindicato con la educación como "pilar fundamental de la construcción social y democrática", y ha criticado la falta de recursos para garantizar el funcionamiento de un sistema educativo de calidad y universal, en sus palabras.

Ha lamentado que en el contexto de debate de los Presupuestos de la Generalitat para 2023 "no esté sobre la mesa" esta cuestión, y ha hecho un llamamiento a los políticos para trabajar la ILP cuando llegue al Parlament y dar respuesta a los compromisos fijados en la LEC, así como resolver las reivindicaciones de la ciudadanía.

La secretaria general de la Federació d'Educació de CC.OO. de Catalunya, Teresa Esperabé, ha avisado de una falta de inversión que ha producido "una carencia de educación de calidad en Catalunya" y ha recordado que en 2020 se invirtieron 8.117 millones de euros en educación, lo que representa el 3,82% del PIB, por lo que señala que para llegar al 6% la cifra de inversión se tendría que doblar.

Ha asegurado que esta ILP surge porque quieren "hacer un punto de inflexión y mejorar" la situación actual, revirtiendo el abandono escolar prematuro y la segregación escolar y promoviendo el despliegue de la escuela inclusiva; y ha señalado que para conseguirlo deben presentar al menos 50.000 firmas en el Parlament.

LA INICIATIVA

El texto de la ILP, recogido por Europa Press, prevé que en un plazo de cuatro años se debe conseguir que el gasto público en educación "se equipare a la de los países más avanzados de la Unión Europea", y entre las medidas se destaca la reducción de ratios y el aumento del gasto por alumno en todos los niveles.

Se insta a la mejora de las infraestructuras educativas públicas, con la construcción de nuevos centros, la rehabilitación y la adecuación para eliminar todos los barracones, y crear o rehabilitar espacios que estén obsoletos; además, se urge a hacer las reformas necesarias para "garantizar la seguridad y evitar la incomodidad térmica en periodos estivales e invernales".

El texto prevé el despliegue del Decreto 150/2017, de la atención educativa al alumnado en el marco de un sistema educativo inclusivo; la prioridad de erradicar la segregación escolar y promover políticas de promoción de igualdad de oportunidades en centros de alta y máxima complejidad; la "reversión de los recortes"; y dotar de forma suficiente para permitir unas condiciones de trabajo análogas de los trabajadores de los centros públicos.

OTRAS MEDIDAS

También se defiende la implantación de la coeducación en todos los ámbitos educativos; un servicio de comedor universal y gratuito; establecer planes de formación continua para los profesionales de la educación; dotación para aplicar los proyectos lingüísticos de centro y crear recursos para impulsar la inmersión lingüística en catalán y el aprendizaje de las lenguas oficiales; avanzar hacia la universalidad de la etapa de 0 a 3 años.

Por otro lado, ha instado a destinar la dotación presupuestaria necesaria para la creación de oferta de plazas públicas de Formación Profesional (FP) suficiente; mejorar la dotación que permita una oferta "adecuada y facilite las condiciones de acceso a las enseñanzas de régimen especial" --danza, música, idiomas, deportes, entre otros--; y fomentar la educación a lo largo de la vida.

También se pide dotar de los recursos materiales y profesionales necesarios a la escuela rural; garantizar el acceso al ocio educativo; dotación económica "suficiente para garantizar la calidad en las aulas"; incrementar las becas al estudio; financiar la universidad pública catalana; y revisar periódicamente las transferencias desde la Generalitat a las corporaciones locales.

FASES

El plan se estructura en dos fases: una primera de dos años para "recuperar el diferencial negativo de inversión en educación que hay respecto al gasto de la media del Estado", y una segunda fase --en dos años más-- para llegar al mínimo del 6% del PIB; y ambas fases serán evaluadas al acabar.

La ILP afirma que la Comisión de Financiación del Sistema Educativo será el órgano encargado de elaborar y hacer seguimiento del plan, así como coordinarse entre administraciones para ejecutarlo; y que el Consejo Asesor del Plan de financiación del sistema educativo informará sobre el contenido del plan y evaluará su aplicación.