Archivo - Padres y alumnos en el patio de un colegio durante el primer día del curso escolar 2020-2021, en Barcelona, Catalunya (España), a 14 de septiembre de 2020. Catalunya iniciará este lunes un curso escolar marcado por las medidas contra el corona
Archivo - Padres y alumnos en el patio de un colegio durante el primer día del curso escolar 2020-2021, en Barcelona, Catalunya (España), a 14 de septiembre de 2020. Catalunya iniciará este lunes un curso escolar marcado por las medidas contra el corona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
Publicado: lunes, 20 junio 2022 18:08

BARCELONA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Garanties Estatutries (CGE) ha avalado este lunes por unanimidad del decreto ley que aprobó el Govern en respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que obliga a impartir un mínimo del 25% de las clases en castellano en las escuelas catalanas.

En el dictamen, recogido por Europa Press, asegura que el decreto aprobado el pasado 30 de mayo no vulnera la Constitución ni el Estatut en el artículo que habla de los criterios de elaboración, aprobación, validación y revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos "en cuanto a la omisión de la declaración del castellano como lengua vehicular".

El decreto fija explícitamente la "inaplicación" de porcentajes en el uso de lenguas en la enseñanza y atribuye a la Conselleria de Educación la potestad de validar y asumir la responsabilidad sobre la legalidad de los proyectos lingüísticos de los centros educativos para proteger a las escuelas y a los docentes.

En su dictamen, el CGE argumenta que "el criterio de inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas" tampoco vulnera la Carta Magna ni el Estatut catalán en los términos en que el Tribunal Constitucional los ha interpretado.

El CGE ya avaló por unanimidad el texto de la proposición de ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria pactada por los grupos parlamentarios de PSC-Units, ERC, Junts y comuns.

Este dictamen fue solicitado por Vox, PP y Cs, un trámite que retrasó el proceso de aprobación de esta iniciativa legislativa, que se aprobó días después del plazo fijado por el TSJC para aplicar la sentencia del 25%.

Por eso, el Govern aprobó el decreto ley un día antes de que terminase el plazo, y Vox, Cs y PP volvieron a pedir un dictamen al CGE antes de que el Parlament se pronuncie sobre la convalidación del decreto.

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