Collboni atribuye la crisis de la Barceloneta a los acuerdos de Trias con el PP

Quiere saber por qué los pisos turísticos legales se han triplicado en dos años

BARCELONA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcaldable del PSC en Barcelona, Jaume Collboni, ha atribuido las protestas vecinales en el barrio de la Barceloneta contra los pisos turísticos irregulares a los efectos que han tenido para la ciudad los pactos que a lo largo de este mandato ha alcanzado el alcalde, Xavier Trias, con el PP.

Estos pactos han implicado que "los intereses privados estén por encima de los de los vecinos", por lo que hay que dar marcha atrás a estos acuerdos, ha asegurado este miércoles, en declaraciones a los periodistas.

El PSC quiere saber por qué según las estadísticas oficiales --que no incluyen pisos turísticos legales-- en la ciudad se ha pasado de 2.349 apartamentos a 7.380, y cree que se pone de manifiesto que la presión de los turistas en la ciudad se ha desbordado y que la Barceloneta ha sido el primer barrio en decir basta.

Las recetas que está aplicando el consistorio, y que pasan por un incremento de los controles contra los pisos turísticos sin licencia, es una medicina que no logra combatir un fenómeno que ha comparado con una "pulmonía", ha dicho.

Ha instado al alcalde a retirar el plan de usos de Ciutat Vella, aprobado en verano del pasado año con los votos de CiU y PP, y también dar marcha atrás a otras medidas "privatizadoras".

La solución pasa, según el líder socialista barcelonés, por que el Ayuntamiento lidere un nuevo modelo turístico que sea fruto de un gran acuerdo con todos los agentes implicados: sindicatos, asociaciones de vecinos y patronales.

El refuerzo de las inspecciones ha dado "un resultado absolutamente insatisfactorio", ha dicho Collboni, que ha asegurado que el consistorio podría haber activado estos controles hace muchos meses porque tiene los recursos y las competencias para hacerlo.

También ha reprochado a Trias que haya estado ausente durante estos últimos días y ha lamentado que desde el gobierno municipal haya impulsado un "marco legal que permite poner a Barcelona en venta".