Se cumplen 4 años desde que el soberanismo defendió un referéndum pactado en el Congreso

Turull, Rovira y Joan Herrera defendieron la propuesta ante la Cámara Baja

BARCELONA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Este domingo se cumplen cuatro años desde que el Parlament llevó al Congreso de los Diputados una proposición de ley para celebrar un referéndum pactado sobre el futuro político de Catalunya.

La propuesta, debatida el 8 de abril de 2014, pedía al Gobierno transferir a la Generalitat la competencia para convocar una consulta de autodeterminación mediante el artículo 150.2 de la Constitución, que regula la transferencia de competencias a las comunidades.

Los encargados de defenderla fueron el entonces líder de CiU en el Parlament, Jordi Turull; la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y el líder parlamentario de la coalición ICV-EUiA, Joan Herrera.

Mientras Herrera está actualmente alejado de la primera línea política, los otros dos nombres son de estricta actualidad: Turull está encarcelado en la prisión de Estremera y Rovira se fue al extranjero para no comparecer ante el Tribunal Supremo.

Los tres entonces representantes del Parlament --solo Turull conserva aún el acta-- coincidieron en que aquella consulta era "legal, posible y necesaria" y que solo hacía falta voluntad política del Gobierno, ya con el presidente Mariano Rajoy al frente.

Rajoy fue el encargado de responderles y, según se recoge en el diario de sesiones del Congreso, replicó que celebrar referéndums es una "competencia exclusiva" del Estado que no podía ejercer la Generalitat.

"Señorías, la soberanía del pueblo, la soberanía española, corresponde a todos los españoles, a todos. No existen soberanías regionales, ni provinciales, ni locales; no existen ni se pueden crear, ni se podrían admitir, al menos con esta Constitución", concluyó.

En un Congreso en el que aún no habían irrumpido ni Cs ni Podemos, la propuesta fue rechazada por amplia mayoría: 299 votos en contra de PP, PSOE, UPyD, Foro Asturias y UPN; 47 a favor de CiU, Izquierda Plural, PNV, Amaiur, ERC, BNG, Nueva Canarias, Compromís-Equo y Geroa Bai, y una abstención de Coalición Canaria.

DETERIORO DE LAS RELACIONES

Pese al rechazo del Congreso a la proposición de ley, la Generalitat y los partidos soberanistas insistieron en la convocatoria de la consulta, que acabó celebrándose el 9 de noviembre del mismo año a través de un proceso participativo en el que fueron a votar más de dos millones de personas.

Ese proceso participativo, en el que ganó el 'sí' a la independencia pero cuyos resultados el Govern no intentó aplicar, acabó ante los tribunales causando la inhabilitación de cuatros miembros de aquél Govern: el expresidente Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y los exconsellers Irene Rigau y Francesc Homs.

Tres años más tarde, en mayo de 2017, el Gobierno central retó a Carles Puigdemont a volver a presentar su propuesta de referéndum en el Congreso, pero el entonces presidente catalán lo rechazó por considerar que primero debía existir una negociación "bilateral" entre el Ejecutivo catalán y el central.

En estos cuatro años se ha producido un deterioro progresivo de las relaciones entre la Generalitat y el Estado que tuvo su punto culminante el 27 de octubre de 2017: el Parlament declaró la república --tras una segunda consulta unilateral unos días antes--, y el Gobierno central intervino la autonomía con el artículo 155 de la Constitución.

La situación se agravó para el independentismo a partir de noviembre: de los 13 miembros que tenía el Govern cuando se declaró la república, seis están en la cárcel, tres en Bélgica, uno en Reino Unido, uno en Alemania, y dos en libertad bajo fianza.