La diputada de la CUP en el Parlament, Laia Estrada, en rueda de prensa en la Cámara catalana
La diputada de la CUP en el Parlament, Laia Estrada, en rueda de prensa en la Cámara catalana - EUROPA PRESS
Publicado: martes, 24 mayo 2022 17:25

   Rechaza las propuestas porque hablan "del castellano como lengua curricular"

   BARCELONA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

   La diputada de la CUP en el Parlament, Laia Estrada, ha descartado apoyar el decreto que está elaborando el Govern en defensa del catalán en las escuelas, en respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TJSC) que fija un mínimo del 25% de castellano en las aulas, y tampoco la propuesta de ley que están negociando PSC-Units, ERC, Junts y los comuns.

   En rueda de prensa este martes, ha insistido en que no avalarán "ninguna ley que haga retroceder el catalán en la escuela", y considera inaceptable que el Parlament canalice la sentencia del TJSC y le dé cobertura política, como cree que ocurre con la propuesta de ley que se está negociando.

    En concreto, Estrada ha afirmado que no apoyarán la propuesta de ley que se está negociando porque habla "del castellano como lengua curricular" --o lengua de aprendizaje, expresiones que ve como un sinónimo-- y porque también deja bajo responsabilidad de los centros los proyectos lingüísticos, lo que considera que abre la puerta a situaciones de segregación en las escuelas.

   "No podemos avalar ninguna propuesta con estas condiciones", ha defendido la diputada 'cupaire', que ha explicado que la CUP no ha entrado en las negociaciones, pero sí que se les ha trasladado los diferentes textos y propuestas de los cuatro grupos negociadores, y la última versión que tienen es de este martes.

EL DECRETO "DEJA A LOS CENTROS EXPUESTOS"

   Estrada ha asegurado que el decreto del Govern "deja a los centros expuestos a presiones y a la persecución judicial", y ha reclamado que el Ejecutivo catalán establezca un único proyecto lingüístico para todos los centros de Catalunya, elaborado por la Conselleria de Educación.

   La diputada anticapitalista ha asegurado que las propuestas que se están negociando "recogen la sentencia", y ha subrayado que su formación está en un marco diferente: el de plantar cara a la sentencia y debatir cómo hacerle frente, ha dicho textualmente.

   Para la CUP, las propuestas actuales no son diferentes de la que firmaron las cuatro formaciones negociadoras el 24 de marzo para modificar la Ley de Política Lingüística, y de la que después se desvinculó Junts.

CUESTIÓN DE CONFIANZA

   La diputada anticapitalista ha defendido que el presidente del Govern, Pere Aragons, debería hacer una cuestión de confianza a mitad de mandato, no solo porque se comprometió con la CUP en el acuerdo de investidura sino "de cara al país, para rendir cuentas", y le ha acusado de hacer políticas continuistas y no las transformaciones que prometió.

   Estrada considera que este sería "un ejercicio de honestidad con el país y para que se vean los apoyos verdaderos que tienen" en el Parlament, al ser preguntada por las palabras de Aragons de este martes en que descartaba esta cuestión de confianza pactada con la CUP en el acuerdo de investidura entre ERC y los anticapitalistas.

   La 'cupaire' ha acusado al Ejecutivo catalán de cumplir "bien poquita cosa" de ese acuerdo, y ha reprochado que haya quien diga que la CUP es el socio prioritario del Govern, cuando, a su juicio, hay otros socios efectivos, en referencia a PSC y comuns.

   Estrada también ha pedido a Aragons que ponga fin a la candidatura de Juegos Olímpicos de Invierno 2030, ya que ve "un descarrilamiento evidente" de la misma.

   Ha acusado al Govern de falta de transparencia, falta de respeto al territorio y de "hacer contratos de dudosa legalidad para crear 'lobbies' favorables al proyecto".

   "El papel del Govern y de la consellera Vilagr es de juzgado de guardia", ha sostenido, que ha criticado el anuncio institucional impulsado por la Generalitat sobre los Juegos Olímpicos, ya que considera que se salta la neutralidad a la que el Ejecutivo se había comprometido de cara a la consulta del 24 de julio.

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