La CUP pide a JxSí una ley para hacer el referéndum separada de la ley de 'desconexión'

Diputados de la CUP en el Parlament
EUROPA PRESS
Actualizado: jueves, 2 marzo 2017 13:41

   Afirma que un referéndum unilateral implica "cierta dosis de desobediencia"

   BARCELONA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

   La CUP ha defendido este jueves que el referéndum sobre la independencia de Catalunya se regule con una ley específica en vez de incluirlo en la ley de transitoriedad jurídica --una de las tres normas de 'desconexión' previstas--.

   El partido lo explica en el documento 'Despertem la primavera del referèndum!' (¡Despertemos la primavera del referéndum!), que ha enviado a sus bases, ha publicado en la web 'L'observatori del Procés' y ha recogido Europa Press.

   El documento admite así discrepancias con JxSí sobre la ley para convocar el referéndum y la estrategia a seguir hasta hacerlo: explica cómo la CUP ha apostado ante JxSí por regular el referéndum en una ley separada de la ley de transitoriedad jurídica, aunque no descarta que ambas se presenten y voten en el Parlament durante una misma sesión.

   "En una ley, el referéndum que entra en vigor ya y que permite convocarlo. En otra, la transitoriedad latente hasta el momento de haber ganado el referéndum", proponen, y confían en que sumarán más apoyos para una ley de referéndum que para una de transitoriedad jurídica.

   Explica que JxSí ha insistido en incluir la regulación del referéndum en la ley de la transitoriedad, haciendo que "pudiese entrar en vigor parcialmente en el momento de su aprobación" --concretamente, la parte estrictamente necesaria para celebrar el referéndum--.

   La CUP destaca la importancia de internacionalizar el proceso de independencia para que el referéndum sea efectivo, y recuerda a JxSí que el código de buenas prácticas de la Comisión de Venecia establece que la norma reguladora de un referéndum "debe ser una ley, y que sus aspectos fundamentales no pueden ser reformados durante el año anterior al referéndum".

   Los 'cupaires' admiten que no podrán cumplir esa recomendación al 100% porque un año antes no tenían los instrumentos legales para tirar adelante un referéndum, pero proponen que sirva "como guía para todo lo que se quiera legislar en materia de referéndum, bajo el prisma de que, cuanto menos se toque el procedimiento, mejor".

PRIMERO, GANAR EL REFERÉNDUM

   También critican el discurso de JxSí de construir una legalidad catalana --con la ley de transitoriedad-- que ampare el referéndum, que lo diferencie del proceso participativo del 9N, y que además dé cobertura a los funcionarios que participen.

   Consideran que se está construyendo un relato por el que "haciendo entrar en vigor una pequeña parte de la ley de transitoriedad habrá suficiente para entender que la legalidad catalana ha roto con la española" y que desde ese momento todas las instrucciones que dé el Govern tendrán el paraguas de la ley catalana y no estarán afectadas por la Justicia española.

   "De entrada no acabamos de ver que pueda haber una auténtica ruptura de legalidad sin haber proclamado antes la independencia, y ésta no se puede hacer sin haber ganado el referéndum", exponen.

   Ponen en duda que con esa propuesta se genere un nuevo marco jurídico y que además sea suficiente para afrontar la suspensión de la propia ley por parte del Tribunal Constitucional (TC).

   "No podemos hablar de referéndum unilateral y no asumir que se hará con cierta dosis de desobediencia al Estado y sin que sea posible argumentar un discurso de legalidad pura", avisan a JxSí, y les instan a apoyarse en la legitimidad, la efectividad y la democracia directa.

LOS FUNCIONARIOS

   Por eso, invitan a JxSí a ser conscientes de que "los reconocimientos internacionales se producirán cuando se haya visualizado de forma efectiva la ruptura", por lo que piden afrontar el concepto de 'legalidad intervenida' en vez de defender esa legalidad catalana.

   Por eso, rechazan "el mantra de que es necesario cubrir a los funcionarios y a todos con un instrumento que pase de la ley a la ley como una especie de panacea jurídica que lo arregla todo", algo que tachan de discurso mágico.

   Tampoco aceptan seguir poniendo el foco en la ley y en los políticos como mecanismo que resuelve todos los problemas mediante herramientas, en vez de ponerlo en la movilización popular: "El caso Vidal es la expresión exagerada de esta posición", explican sobre el dimitido exsenador de ERC que dijo que el Govern había obtenido ilegalmente datos fiscales de los catalanes.