BARCELONA, 16 May. (EUROPA PRESS) -
El diputado de la CUP Benet Salellas ha lamentado que la Fiscalía se haya querellado contra la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, tras la publicación del Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) del anuncio de la licitación para comprar las 8.000 urnas: "Esto demuestra que sólo hay un camino al referéndum que es el referéndum unilateral".
En una rueda de prensa este martes acompañado de la miembro del Secretariat Nacional 'cupaire' Núria Gibert, Salellas ha calificado la querella de "auténtico despropósito" y ha vaticinado que, tras esta acción judicial, vendrán otras, por lo que ha recordado la necesidad de crear el comité de expertos para el seguimiento del referéndum.
"Exigimos que se active de forma inmediata tal y como se acordó en el Debate de Política General", ha dicho Gibert sobre el órgano que tiene que estar formado por juristas internaciones que hayan participado de procesos similares y expertos en la materia.
Ha recordado que el presidente del Govern, Carles Puigdemont, se comprometió a crearlo antes de finalizar 2016 y que ahora sería útil para responder a los "embates judiciales del Estado", entre otras cosas.
Preguntado por la posibilidad de que el presidente catalán convoque el referéndum el 1 de octubre, Salellas ha bromeado: "Sólo falta que la CUP diga que se celebre como muy tarde en septiembre para que lo convoquen el 1 de octubre".
El diputado ha lamentado que la posible fecha se haya filtrado en un medio de comunicación y no se haya comunicado en sede parlamentaria, y ha dicho que no tenía conocimiento de esa información por parte del Ejecutivo catalán.
Además, ha explicado que los 'cupaires' han presentado enmiendas a la propuesta de resolución de SíQueEsPot, que se abordará en el pleno este jueves, que insta al Govern a buscar el aval de la Comisión de Venecia para celebrar el referéndum.
Han explicado que las enmiendas van en el sentido de rechazar que el Govern tenga que "pedir permiso a la comisión" para celebrar el referéndum, porque si no creen en pedírselo al Gobierno central, no encuentran sentido a pedírselo a una institución europea.
Si bien, sí comparten la parte de la propuesta de resolución que pide asumir el código de buenas prácticas, pero insisten no pedir el aval porque "retrasaría la celebración del referéndum e incluso lo haría imposible".