También reclama una "ley de cuerpos" funcionariales para la OAC y remite un borrador a los diputados
BARCELONA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
El director de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Miguel Ángel Gimeno, ha reclamado al Govern que apruebe una ley catalana de protección de informantes, que sea una "adaptación" de la legislación estatal que se aprobó en febrero de 2023 a raíz de una trasposición de una directiva europea.
Así se ha pronunciado este jueves en la presentación de la Memoria de 2023 de la OAC en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament, donde ha recordado que el anterior Ejecutivo catalán ya hizo un borrador, y ha instado al nuevo Govern a continuar con esta labor: "Es imprescindible tener una adaptación".
Gimeno ha sostenido que la ley estatal "tiene muchas lagunas, cosas oscuras difíciles de interpretar", por lo que ha reclamado que la norma catalana detalle estos aspectos.
El director de Antifrau también ha reclamado una modificación legislativa para establecer soluciones para que los municipios pequeños puedan responder a este tipo de trámites e investigaciones.
DENUNCIAS ANÓNIMAS
Ha avanzado que en 2024 han aumentado el número de denuncias recibidas por la oficina, como consecuencia de la aplicación de la nueva ley, y ha detallado que en 2022 hubo 554 denuncias, en el 2023 hubo 827, y en 2024 ya hay registradas 1.185: "La subida es tremenda".
Gimeno ha explicado que un 67% de las denuncias que se presentaron en 2023 fueron anónimas, y también ha recomendado que se haga "alguna modificación normativa" para establecer si estas son un acto administrativo susceptible de ser recurrido por la vía jurisdiccional.
También ha destacado que se iniciaron 900 expedientes y se cerraron 90 investigaciones, y ha puesto en valor que se han resuelto el 82% de las investigaciones en cooperación institucional con Fiscalía y Mossos d'Esquadra, mientras que un 18% no se han podido resolver por falta de información.
ESTABILIZAR Y ESPECIALIZAR
También ha explicado que la oficina necesita estabilizar y especializar a sus trabajadores, pero no puede convocar plazas de funcionarios, por lo que ha reclamado "una ley de cuerpos" funcionariales, para lo que ha remitido un borrador a los diferentes grupos parlamentarios.
Ha propuesto la creación de un grupo de trabajo dentro de la Comisión de Asuntos Institucionales para trabajar en este tema, y también se ha abierto a que haya una solución transitoria que permita al director de la oficina seleccionar personal para puestos de trabajo: "Nos permitiría respirar un poco".