El director de la Oficina Nacional de Lucha Contra Delitos de Odio avisa de una "tendencia alcista"

Tomás Fernández recuerda que "la libertad de expresión no es un derecho absoluto"

BARCELONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director de la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio, Tomás Fernández, avisa de una "tendencia alcista" de los delitos de odio, según los datos recogidos en el informe anual elaborado por la entidad a partir de las denuncias presentadas ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado el año pasado.

En una entrevista con Europa Press en el marco del 2º Congreso Internacional de Aporofobia, celebrado en Barcelona y liderado por el Instituto Químico de Sarrià y la Universidad Ramon Llull, Fernández explica que se ha detectado un aumento de hechos en lo que respecta a todos los delitos de odio, pese a que sigue existiendo una "infradenuncia", de acuerdo con las encuestas efectuadas.

Siguiendo la tendencia de los dos años anteriores, los hechos conocidos registrados en España han aumentado de 1.802 en el 2021, a 1.869 en 2022 y 2.268 en 2023, siendo el ámbito que mayor número de hechos conocidos registra el de racismo y xenofobia, con 856 episodios constitutivos de delito de odio, lo que supone un 13,38% más que en 2022.

Le siguen los ámbitos de orientación sexual e identidad de género, con 522 hechos, lo que supone un 13,7% más que el año anterior, y el de ideología, con 352 hechos, que representan una subida de un 43,67%, aunque Fernández alerta de que se ha detectado también un aumento de los delitos de odio contra personas con discapacidad y también de aporofobia, aquellos hacia personas sin recursos.

LA OFICINA

Creada en 2018, la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio está compuesta por miembros de Policía Nacional y Guardia Civil, integrada dentro de la Dirección General de Coordinación de Estudios, en la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, y una de sus principales labores es la de actuar como "interlocutor con la sociedad civil", explica Fernández.

Esto permite conocer de primera mano la problemática que existe en relación a los delitos de odio en la sociedad, lo que posibilita perfilar estrategias que permitan mejorar no sólo las diligencias policiales, sino conseguir una "mayor confiabilidad" por parte de las víctimas a la hora de denunciar estos hechos y trasladar toda esta información al ámbito formativo, para que la policía pueda atender con una mayor empatía a los afectados.

También tiene otras muchas funciones, entre ellas la de nexo con organizaciones europeas como la Agencia de Derechos Humanos de la Unión Europea, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) o la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), así como la elaboración de informes que sirven como plan de acción.

Fernández explica que, desde el punto de vista policial, para determinar si un discurso podría ser constitutivo de un delito de odio nuestro país se rige por el plan de acción de Rabat, que aparece recogido en la recomendación 15 de la ECRI y que sirve para analizar diversos parámetros.

Entre ellos, se miden cuestiones como el contexto en el que se ha producido, la intención o el alcance que pueda tener, como puede ser "el número de seguidores, el mensaje que se transmite, si hay incitación a la violencia", entre otros.

En última instancia, será un juez quien decida si el presunto autor ha transgredido la ley o si simplemente ha proferido un discurso que Fernández califica en sus palabras, no como de odio, sino como odioso, pero que quedaría amparado por la libertad de expresión.

UN CHOQUE DE DOS TRENES

En este sentido, Fernández explica que, no es sencillo marcar el límite entre la libertad de expresión y el discurso de odio, que define como el choque entre dos trenes: "Estamos hablando de un derecho fundamental que viene recogido en nuestra Constitución Española, que es la libertad de expresión, y el otro tren que es la protección de la dignidad de las personas".

Se trata de una frontera que se ha ido perfilando en los últimos años con directrices marcadas por Europa y con sentencias dictadas en España, que han ido creando jurisprudencia.

"La libertad de expresión no es un derecho absoluto", recuerda Fernández, que explica que, dentro de los delitos de odio, que engloban también el delito de lesiones a la dignidad, el discurso de odio tiene su propia idiosincrasia y viene recogido en el artículo 510 del Código Penal al tratarse de un ilícito que busca fomentar o incitar a una determinada violencia hacia determinados colectivos y que está penado con entre uno a cuatro años de prisión y una multa de seis a doce meses.

Sin embargo, sostiene que no debe caerse en el error de creer que este hecho sólo puede ocurrir en el plano virtual, "puede ser mediante folletos, puede ser mediante pintadas en determinados lugares, pero donde existe la mayor agravación es el que se produce en redes sociales", que sirven como altavoz a este tipo de discursos, lo que ha empujado a las plataformas a exigir a los usuarios el cumplimiento de determinadas normas.

PREVENCIÓN

Fernández pone de relieve que la persecución de estos delitos al alza no debe pasar únicamente por una lucha represiva desde el ámbito policial o jurídico, por eso tanto la Oficina que dirige, como la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial, y los Ministerio del Interior, de Inclusión, y de Educación, entre otros actores, participan en un acuerdo interinstitucional en el que diversos grupos de trabajo se enfocan en la prevención.

En el ámbito de la docencia, a través de un plan director, organizan charlas y otras actividades donde se abordan los delitos de intolerancia: "La formación, la empatía y la sensibilización son fundamentales", subraya Fernández, que pone en valor que en España se está trabajando en esta línea desde hace años, pero que todavía queda camino por recorrer.