El Estado reconoce que Companys fue fusilado por ser "máximo representante de la Generalitat"

BARCELONA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Estado ha reconocido formalmente por primera vez que los tribunales que condenaron a Lluís Companys fueron "ilegales e ilegítimos" y que fue represaliado y fusilado por ser el presidente de la Generalitat de Catalunya.

Lo ha anunciado este martes en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu semanal la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, que ha remarcado que, por primera vez, el Govern ha conseguido que se reconozca que "la condena fue injusta" y que se declaren ilegales tanto el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Barcelona como el consejo de guerra sumarísimo, así como las condenas, sentencias y resoluciones que se emitieron en su contra.

Casi 84 años después de su ejecución, el Estado reconoce de forma oficial que Companys fue represaliado, condenado y fusilado por ser el máximo representante de la Generalitat, así como por razones "políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la guerra de España o la dictadura posterior".

Así lo recoge el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en una Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal remitida a la Conselleria de Justicia, que añade que Companys fue condenado "por haber sido abogado de los sindicatos únicos y de la CNT, por haber organizado la Unión de Rabassaires, por haber sido fundador de Esquerra Republicana, por haber proclamado la República el 14 de abril de 1931, y por cargos públicos ejercidos durante la Segunda República, concretamente, por haber ocupado la Presidencia de la Generalitat".

La declaración llega después de dos intentos por parte de la Generalitat: la primera impulsada por la nieta de Companys, en 2009, que se saldó con una declaración en la que se reconocía que fue "injustamente condenado a muerte por un consejo de guerra" y que sufrió violencia por razones políticas e ideológicas, y la segunda en 2018, que complementaba a la anterior, pero que el Govern consideraba insuficientes para conseguir la plena restauración de su honor.