Un estudio constata las dificultades para gestionar y obtener el Ingreso Mínimo Vital

El trabajo recuerda que las personas sin hogar o menores de 23 años quedan excluidos de la ayuda

BARCELONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio impulsado por la federación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) y el Ayuntamiento de Barcelona ha constatado las múltiples dificultades con que se encuentran tanto los servicios sociales y la Seguridad Social a la hora de gestionar el Ingreso Mínimo Vital (IMV), como los solicitantes de la ayuda a la hora de obtenerla.

El trabajo, que analiza la implementación del IMV en Catalunya desde su aprobación en mayo del 2020, ha sido presentado este miércoles por el investigador del Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) Carlos Delclós, co-autor del estudio junto con el doctorando David Palomera, en el marco de una jornada sobre la ayuda organizada por ECAS.

Delclós ha afirmado que "el Estado español redistribuye mal la riqueza" y que el IMV no está consiguiendo corregir esta situación, ya que grupos potencialmente beneficiarios han quedado excluidos de la ayuda, existen dificultades para acceder a ella y está resultando difícil de gestionar por parte de las administraciones.

Ha recordado que, según datos del mismo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en noviembre del 2020 sólo se habían gestionado --"que no aprobado", ha dicho-- 800.000 solicitudes de las más de un millón que se habían presentado, y que cerca de la mitad habían sido denegadas.

COLECTIVOS EXCLUIDOS

El investigador ha recordado que colectivos que necesitarían la ayuda quedan directamente excluidos de la misma, por normativa o 'de facto': las personas sin hogar, los ciudadanos con precariedad residencial, las personas migradas, los hogares precarios pero con ingresos superiores a los establecidos, o los menores de 23 años.

Ha indicado que las personas sin cuenta bancaria, las que no constan en el padrón, o las que son incapaces de hacer el trámite por la brecha digital, también quedan apartadas de la ayuda; y que el IMV no contempla actualmente a las personas afectadas por la crisis del coronavirus, ya que se otorga según los ingresos del año anterior a la pandemia.

PROBLEMAS FRECUENTES

Entre los problemas que ha detectado el estudio, Delclós ha destacado que "el proceso es excesivamente largo", que la documentación es compleja, que la pandemia ha dificultado los procesos, que hay desconocimiento por parte de los funcionarios que la deben tramitar y que existe poca información para acompañar las denegaciones.

Según el trabajo, buena parte de las denegaciones se han producido cuando la persona ha intentado hacer el trámite por su cuenta, sin subir toda la documentación necesaria al no saber encontrarla; o bien porque el solicitante no cumplía con unos requisitos considerados por los autores como "complejos y difíciles de comprobar".

Estas dificultades, ha explicado Delclós, también han causado una situación de "saturación y bloqueo administrativo" --en ocasiones con 25 solicitudes por trabajador, ha dicho--, con un elevado nivel de confusión sobre la tramitación de la prestación y el papel de cada institución, así como una cierta tensión inter-administrativa y en el seno de las entidades, en palabras del experto.

También ha señalado como una traba la insuficiencia presupuestaria, ya que ni la cobertura ni las cuantías fijadas para el IMV cubren las necesidades básicas de la población vulnerable; y ha recordado que "el problema del IMV no es que esté llegando a las personas equivocadas, sino que no esté llegando a todas las personas que lo necesitan".

RECOMENDACIONES

El estudio incluye diversas recomendaciones de cara a mejorar la tramitación y concesión del IMV: definir un reglamento que aclare el papel de los actores implicados, no considerar el silencio administrativo como una denegación de la ayuda, o abrir ventanillas específicas para el IMV en las oficinas de la Seguridad Social.

Los autores también han propuesto harmonizar los tiempos administrativos, incorporar un certificado de autoresponsabilidad con justificación documental posterior, tomar como referencia los ingresos de los dos meses anteriores --y no del año anterior-- y adaptar las rentas mínimas a los costes de vida en cada territorio.