Expertos piden mayor autonomía financiera para las CCAA y subir la cesión del IRPF

   Apuestan por un federalismo asimétrico y reconocen la singularidad de Catalunya

   BARCELONA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Expertos del Instituto de Economía de Barcelona (Ieb) han reclamado este miércoles mayor autonomía financiera para las comunidades autónomas a través de incrementar el porcentaje de cesión del IRPF, fórmulas de administración compartida sobre las principales figuras tributarias y dar capacidad normativa a las comunidades sobre impuestos como el IVA o los especiales.

   Así se extrae de la nueva edición del IEB Report, que lleva por título 'La esperada reforma de la financiación autonómica' y que ha sido elaborado con las aportaciones del exconseller Antoni Castells y de los expertos Pilar Sorribas, Albert Solé, Núria Bosch, José M.Durán, Alejandro Esteller y Maite Vilalta.

   Vilalta ve necesario reforzar la autonomía financiera de las comunidades ampliando su capacidad de decisión sobre sus ingresos, ya que las comunidades obtienen una media de 85.145,18 millones de euros anuales provenientes de tributos, lo que supondría el 83,9% de los recursos totales que vienen del modelo, si bien la cifra se reduce a 13.353,37 millones o al 13,2% si solo se tienen en cuenta los impuestos sobre los que tienen capacidad de gestión y administración.

   Vilalta ha añadido que la próxima reforma de la financiación autonómica, que lleva tres años de retraso, debe sumar recursos adicionales al sistema y cumplir con el principio de equidad horizontal para evitar que unos gobiernos tengan más capacidad fiscal que otros realizando el mismo esfuerzo.

   Por su parte, Sorribas ha apostado por la compatibilidad entre los principios de autonomía de las comunidades, tanto en gasto como en ingresos, y la equidad: "Un aumento de la descentralización fiscal aumentaría la autonomía y todas las comunidades podrían contribuir a la equidad".

   El exconseller Castells ha sostenido que "buena parte de la problemática de la financiación está motivada por la tensión entre el modelo unitario y el federal", y ha defendido la posibilidad de aplicar uno u otro modelo según la voluntad de cada comunidad.

   Así, en el informe, Castells recuerda que este mismo problema se ha dado en Reino Unido, Bélgica y Canadá y "la aplicación de tratamientos específicos para los territorios descontentos ha servido para mantener la estabilidad de la unión, rebajar la pulsión independentista y satisfacer las aspiraciones de comunidades que, además, tienen preferencias sobre cómo debe distribuirse el poder político entre el gobierno central y el propio".

   El investigador Solé ha sostenido que la solución del problema pasa por el federalismo asimétrico, y ha añadido que Catalunya requiere una solución fiscal específica y pactada con el Estado español: "Requiere claramente de una reforma constitucional que debería ser aprobada tanto por los españoles como por los catalanes en referéndum. Es imprescindible introducir salvaguardas para conseguir que el acuerdo no quede desdibujado en el tiempo".

HACIENDA PROPIA CATALANA

   La investigadora Núria Bosch ha analizado la construcción de una hacienda propia de Catalunya tanto si la comunidad continúa formando parte de España como si se convierte en un estado independiente.

   En el primer caso, "debería producirse un pacto bilateral que permitiera a Catalunya gestionar los impuestos recaudados en su territorio y darle poder tributario sobre éstos, dentro de los límites establecidos y siguiendo los modelos de Estados Unidos, Suiza o Canadá".

   Según ha dicho, la eliminación de la caja única incentivaría a Catalunya a crear políticas de crecimiento, reducir la corrupción y los gastos ineficientes y un mayor control de los votantes sobre el gasto público.

   En el caso de una Catalunya independiente, Bosch ha apostado por aprovechar esta oportunidad para superar los problemas de la hacienda española, como la economía sumergida --que se estima en el 22,3% del PIB catalán--, para lo que la nueva hacienda catalana debería pasar de los 5.000 empleados públicos destinados a esta labor actualmente a entre 7.000 y 8.000 trabajadores.

   Finalmente, los investigadores Durán y Esteller ponen el acento en que la mayoría de los ciudadanos desconocen el destino de sus impuestos: "El 58% de los ciudadanos cree que el IRPF se paga en su totalidad al Gobierno central, lo que denota que el proceso de descentralización fiscal es claramente mejorable".