Las familias catalanas "ahorran" al Govern 148 millones aportados a la educación, según la Fapac

El 90% de las ampas contribuyen al funcionamiento escolar, vulnerando las leyes educativas

BARCELONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las familias catalanas contribuyen a la educación pública con 147,9 millones de euros a través de sus aportaciones a las ampas y a las escuelas, "ahorrando indebidamente" esta cantidad a la Conselleria de Educación de la Generalitat, lo que incurre en diversas vulneraciones de las leyes educativas, ha criticado la Fapac en base al estudio 'La contribución económica de las familias al sistema educativo catalán'.

En rueda de prensa este jueves, la directora de la Fapac, Lidón Gasull, ha detallado que las familias están aportando al año 65,3 millones de euros para material escolar a través de cuotas en los centros --pese a estar prohibidas--, 78,4 millones en concepto de salidas escolares y 4,2 a través de las aportaciones de las ampas.

Según las principales conclusiones de este informe, realizado en el 52% de las escuelas públicas de Catalunya, los centros situados en zonas de rentas bajas realizan un esfuerzo mucho mayor que los de zonas altas y medias, y a nivel territorial, las familias de Terres de l'Ebre son la que menos aportan de todo Catalunya.

Para la politóloga y anaista del observatorio de datos de la Fapac, Cludia Chia, ha dicho que la Generalitat "debería dedicar casi un 15% más de recursos" a los centros educativos, y ha lamentado que quien está supliendo el recorte de fondos de la Generalitat son las familias.

Según el nivel de renta de las familias, las que más aportan a los centros son las que están en entornos económicos medios y bajos: las familias de entornos desfavorables dedican un mayor esfuerzo que las familias de zonas medias, que es "exponencialmente superior" al de zonas altas.

La cuota aportada por material, de 88 euros de media y en la que existe una "gran arbitrariedad", es un 300% mayor en el Valls Occidental que en Terres de l'Ebre, y en relación a la renta "el esfuerzo de este pago aumenta a medida que disminuye el nivel de renta".

Respecto a las salidas escolares, con una media de 105,6 euros de media, tiene en el Valls Occidental sus cuotas más altas, y en Terres de l'Ebre las más bajas, con una diferencia del 126%, "una arbitrariedad en función del territorio", y se da un comportamiento similar en cuanto al nivel de renta: las familias con rentas bajas son las que más pagan, y a menos nivel de renta, mayor es el esfuerzo que deben hacer.

IRREGULARIDADES

La directora de la Fapac, Lidón Gasull, ha destacado que todo ello incurre en numerosas irregularidades, entre ellas la normativa laboral del personal contratado por las ampas pese a ser tiempo lectivo: "Cualquier profesional que hace una tarea en horario lectivo tiene que estar contratado por la Conselleria", mientras que lo que se da es que las familias asumen la contratación de estos profesionales.

En cuanto a la cuota de material, ha avisado de que tanto la normativa estatal, como autonómica y también los tratados internacionales estipulan que en todas las etapas obligatorias deben ser gratuitas, mientras que "el cobro se ha institucionalizado", y muchas familias creen que es un pago obligatorio.

Ha lamentado que en muchos centros el impago de estas cuotas tiene consecuencias, vulnerándose el derecho a la no discriminación; además, en los centros donde se usan nuevas metodologías estas cuotas son más elevadas.

El pago de las salidas escolares "también está prohibido por el ordenamiento", y resulta flagrante y atenta directamente contra la no discriminación, ya que son actividades realizadas en horario lectivo y el que no puede pagarlas no va, vulnerándose la gratuidad, la universalidad y la no discriminación.

También hay un incumplimiento del precio máximo de los comedores escolares, establecido en 6,20 euros y siendo de 8,20 euros en el 12% de los centros: "Todos los territorios incumplen la normativa del departamento", especialmente Valls Oriental y Barcelona comarcas, y en más del 53% son comedores gestionados por la propia Administración, que incumple sus precios máximos establecidos.

La presidenta de la federación, Belén Tascón, ha lamentado que la naturalización de los recortes ha obligado a las familias a dedicar parte de su presupuesto a sostener la enseñanza pública, y ha lamentado que si inicialmente las direcciones de las escuelas pedían más presupuesto a las administraciones, "han dejado de pedir estos recursos y se los piden a las familias", produciéndose un copago.