Fernández Díaz recoge una política de seguridad vial que ha bajado las muertes a la mitad

MADRID 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El nuevo ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, se encontrará nada más asumir su cargo un panorama muy distinto en materia de seguridad vial al que se vivía en España hace una década.

En estos últimos diez años, se ha conseguido reducir el número de muertos en accidentes de tráfico un 55 por ciento, desde las 5.517 víctimas mortales de 2001 hasta los 2.478 fallecidos en 2010. También tendrá que decidir sobre reformas pendientes como la limitación a 90 km/h en carreteras secundarias o la conducción acompañada.

Esta mejora en la seguridad vial ha llevado a España de estar a la cola en el ranking de países de la Unión Europea con menos accidentes de tráfico a colocarse en el cuarto puesto de la lista de estados miembros en donde más se ha mejorado la seguridad en las carreteras, según el informe PIN del Consejo Europeo para la Seguridad en el Transporte (ETSC).

No obstante, el nuevo ministro también enfrenta importantes retos, como el mantenimiento de las carreteras en época de crisis económicas, lo que ha llevado a algunos sectores, como el representado por la Asociación Española de la Carretera (AEC) a proponer que se pague por usar las carreteras para recaudar entre 20.000 y 25.000 millones de euros, que se destinarían a mejorar las condiciones de las infraestructuras.

Además, nada más desembarcar en el Ministerio se encontrará sobre su mesa al menos dos reformas desarrolladas por el anterior equipo de la Dirección General de Tráfico (DGT) que no salieron adelante debido al adelanto de las elecciones: la reforma del código de circulación para limitar a 30 kilómetros por hora las calles de un único carril por sentido en las ciudades y la disminución de los límites de velocidad a 90 km/h en todas las carreteras secundarias.

La DGT tiene redactada y pactada con el Ayuntamiento de Madrid y el de Barcelona una reforma del código de circulación en la que se incluye, además de la introducción de las denominadas zonas 30 --calles de un único carril por sentido limitadas a 30 km/h--, la incorporación de las bicicletas en la norma, para dejar claro por dónde pueden circular este tipo de vehículos dentro de las ciudades --incluidas algunas aceras--, así como los derechos de los ciclistas.

Por otro lado, el anterior Ejecutivo deja pendiente la reducción del límite de velocidad a 90 kilómetros por hora en todas las carreteras secundarias --otra medida que la DGT tenía prevista, pero que finalmente no se ha puesto en práctica--.

Actualmente, el límite en las carreteras secundarias es de 90 o 100 km/h en función del ancho del arcén.

En su programa electoral, el PP proponía adecuar los límites de velocidad en las carreteras españolas en función de "consideraciones objetivas que tengan en cuenta la siniestralidad, la contaminación, la calidad de la infraestructura, su trazado y la afección sonora, entre otras consideraciones".

No es la primera vez que el PP hace esta propuesta. En el programa electoral que llevó a las elecciones autonómicas celebradas en el mes de mayo ya realizaba un propuesta semejante y, antes, en 2010, el PP en el Congreso llevó a la Comisión no permanente de Seguridad Vial una proposición no de ley en la que instaba al Gobierno a realizar un estudio sobre los límites de velocidad en todas las vías para actualizar aquellos "límites que puedan resultar obsoletos o inadecuados".

Otra de las reformas que el equipo de Pere Navarro ha dejado preparada, y sobre la que el nuevo Gobierno tendrá que decidir qué hace, es la introducción en España de la conducción acompañada.

Esta medida, que ya está vigente en otros países como Francia o Alemania y apoyan algunos clubes automovilistas, permitiría a un menor de 18 años coger un coche supervisado por un adulto con carné como paso previo a la obtención del carné.

Por último, otro de las reformas importantes que el nuevo Gobierno hereda de su antecesor es la modificación del Baremo de Indemnizaciones, el reglamento que establece qué indemnización reciben las víctimas tras un accidente de tráfico, y que no ha sufrido ninguna modificación de calado desde 1993. En la pasada legislatura, el Gobierno ya mantuvo reuniones con asociaciones de víctimas y las compañías de seguros, con la colaboración de la Fiscalía de Seguridad Vial, para tratar de reformar este baremo.