La Fiscalía de Barcelona tendrá un delegado de protección a personas con discapacidad y mayores

Se coordinará con la nueva delegada de protección de las víctimas

BARCELONA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Barcelona tendrá un fiscal delegado dedicado a la protección de las personas mayores y con discapacidad, Antoni Torres, han explicado este viernes fuentes de la Fiscalía.

Las citadas fuentes afirman que han apostado por incidir en la protección a estos colectivos ante los casos de abuso patrimonial por parte de familiares o cuidadores a personas con cierto déficit cognitivo, y también les preocupa su vulnerabilidad ante estafas, en particular las relacionadas con los suministros.

Este delegado tendrá mucha vinculación con la nueva delegada de protección y tutela de las víctimas, Silvia Armero, que se encargará de las diligencias de investigación mientras que el primer delegado se hará cargo de aspectos civiles como reclamar acciones patrimoniales o bloqueo de cuentas ante posibles casos de estafa o abusos en este sentido.

La Fiscalía afirma que ha detectado cada vez más abusos físicos, delitos contra la libertad sexual y abusos patrimoniales como cambiar el nombre del piso o añadir un segundo titular a las cuentas bancarias de personas mayores o con discapacidad, que son especialmente vulnerables, y cree que el asunto puede crecer ante el envejecimiento de la población.

VÍCTIMAS VULNERABLES

La delegada de protección y tutela a las víctimas se centrará en víctimas vulnerables, incluso menores, de todo tipo de delitos excepto aquellos e violencia contra la mujer, que seguirán correspondiendo a la sección especializada.

Su propósito será acompañar a la víctima durante el proceso penal, que esté al corriente de lo que ocurre en la causa y que sepa con antelación aspectos como la petición de órdenes de protección o si su agresor sale de prisión.

Para hacerlo, está en contacto con el resto de instituciones y organismos especializados, como las unidades policiales adscritas a Fiscalía, ayuntamientos y consorcios sanitario y de educación, asociaciones de víctimas de tráfico y otras fiscalías especializadas, como la de trata de seres humanos y la de odio.