La Fiscalía defiende que las órdenes del TC a la Mesa del Parlament fueron "concretas y precisas"

La Abogacía del Estado cree que el mandato del tribunal era "expreso, concreto y terminante"

BARCELONA , 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha defendido en el juicio a los exmiembros de la Mesa del Parlament que presidió Carme Forcadell que las órdenes que les dio el Tribunal Constitucional (TC) y que presuntamente desobedecieron fueron "sucintas, pero a la vez claras, concretas y precisas" en la sentencia que anuló la resolución que declaraba el inicio del proceso independentista.

Así se ha pronunciado el fiscal Pedro Ariche este jueves en su informe final del juicio que sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra los exmiembros de la Mesa de la Cámara catalana Lluís Corominas, Anna Simó, Lluís Guinó y Ramona Barrufet, que se enfrentan a una pena de 20 meses de inhabilitación en un caso por el que ya fueron juzgados condenados en 2020 pero que se vuelve a enjuiciar por orden del Tribunal Supremo (TS) por falta de imparcialidad de dos de los magistrados que formaban la sala.

Ariche ha añadido que estos cuatro acusados conocían el alcance de sus decisiones de admitir a trámite iniciativas que podrían ser inconstitucionales "y tuvieron en su mano los medios para conocer la respuesta jurídica a sus acciones".

En este sentido, ha recordado que fueron advertidos por el entonces letrado mayor de la Cámara, Antonio Bayona, y por el secretario general, Pere Sol, que el miércoles declararon como testigos en el juicio y que contaron al tribunal que habían advertido a la Mesa de que podían incurrir en incumplimientos de los mandatos del TC.

Ha sostenido que los informes de los letrados del Parlament eran "lo suficientemente explícitos y recuerdan la obligación de cumplir las resoluciones del TC", y ha reconocido que el alto tribunal no obliga, en un primer momento, a la Mesa a inadmitir iniciativas contrarias a la Constitución, pero sí lo contempla como una opción.

Respecto a las alegaciones de las defensas sobre la inviolabilidad parlamentaria y la independencia del Parlament, ha afirmado: "No es posible la admisión de ingerencias indebidas en el poder legislativo, en eso estamos de acuerdo. Independencia, sin embargo, no significa ni preeminencia ni primacía del poder legislativo sobre resto de poderes del Estado".

El fiscal ha defendido --al contrario de lo que han argumentado las defensas durante el juicio-- que la posibilidad de que la Mesa entre en el fondo de las iniciativas, y no solo decida admitirlas a trámite por cuestiones de forma, "siempre ha estado presente y no es una rareza que se le ha ocurrido al intérprete constitucional", y ha argumentado que hay precedentes en los que la Mesa entró en el fondo de las propuestas parlamentarias.

Ariche ha reprochado que al tramitar el proyecto de ley de Presupuestos los miembros de la Mesa sabían que incluía una partida para el 1-O: "Que allí iba a haber una disposición adicional que iba a destinar fondos a la realización de la consulta, lo sabia hasta el bedel del Parlament. El señor Junqueras lo había proclamado a los cuatro vientos".

RECHAZAN ATENUANTE DE DILACIONES INDEBIDAS

La Abogacía del Estado, por su parte, se ha adherido al informe del fiscal y ha pedido al tribunal que en la sentencia no incluya la atenuante de dilaciones indebidas que reclaman las defensas por la duración del procedimiento, porque considera que "no hay ninguna paralización que supere lo extraordinario".

La abogada del Estado Beatriz Vizcaíno también ha subrayado que el TC había emitido un mandato "expreso, concreto y terminante" a los acusado para que no admitiesen a trámite iniciativas parlamentarias que podrían ser contrarias a la Constitución.

Para argumentar la presunta desobediencia, la abogada del Estado ha afirmado que el propósito de incumplir las resoluciones del TC por parte de los acusados se manifestaba cuando votaban la admisión a trámite de iniciativas posiblemente contrarias a lo ordenado por el alto tribunal y además contando con la advertencia expresa de los letrados del Parlament, por lo que considera que "queda probado el conocimiento y ese propósito de incumplir".

También se ha mostrado en contra de aplicar las dilaciones indebidas el abogado de Vox Juan Cremades, que representa a la acusación popular y que se adherido al informe del fiscal.

Cremades ha añadido que, con las instrucciones del TC, los acusados "no podían tener ninguna duda" de que la admisión a trámite de las propuestas legislativas enjuiciadas supuestamente suponían desoír al tribunal.