La Fiscalía pide penas de hasta siete años de cárcel para los 'narcos' del caso Macedonia

   BARCELONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

   La Fiscalía pide siete años de cárcel para siete presuntos componentes de una banda de narcotraficantes del conocido como caso Macedonia por supuestos delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal, y a uno de ellos también por tenencia ilícita de armas, según el escrito de acusación previo al juicio recogido por Europa Press.

   El caso Macedonia es una macrocausa con varias piezas que desde hace años tiene sobre la mesa el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona y en la que, según el magistrado, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional pudieron haber colaborado con estos narcos, y las piezas en la que están investigados policías continúan en fase de instrucción.

   Según la Fiscalía, David D., Alfredo L., Carlota C., Gerard M., David A., Nerea N. y Pau C. se concertaron para enriquecerse con la venta de sustancias estupefacientes, tanto a otros traficantes como directamente a consumidores, y se organizaban entre ellos para los trabajos de almacenamiento, distribución y cobro.

EL ENGAÑO

   La operación se inició la tarde del 28 de mayo de 2009 con la incautación al también acusado Juan Miguel B. de 29 paquetes con un envoltorio de plástico de lo que parecía ser una sustancia estupefaciente, con un peso de algo más de 54 kilos.

   Sin embargo, el Instituto Nacional de Toxicología detectó en sus análisis que solamente uno de los 29 paquetes contenía cocaína: el resto, tenían yeso y azúcar, según recoge el escrito de acusación.

   Lo que había sucedido en realidad era que Juan Miguel B. había sido engañado por David D. y Alfredo López, que le había ofrecido venderle a buen precio una cantidad muy importante de cocaína por 600.000 euros, de los cuales pagó 450.000 euros en aquel momento.

   Los dos acusados prepararon los 29 paquetes y una vez recibieron el dinero supuestamente dieron el chivatazo que culminó con la detención de Juan Miguel B. por parte de la Guardia Civil.

   Este episodio puso a los investigadores sobre la organización y, a partir de las intervenciones de conversaciones telefónica autorizadas por el juez, se practicaron varias entradas y registros que permitieron incautar diversas sustancias estupefacientes que la red tenía para vender a terceros.