La Fiscalía se querella por estafa contra la entidad que gestionó las adopciones en el Congo

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Superior de Catalunya presentó una querella el viernes contra la Associació d'Adopció d'Infants del Congo (Adic) por estafar 101.987 euros a diez familias en concepto de adopciones en la República Democrática del Congo y la República del Congo que no se pudieron realizar ya que muchos de los menores tenían familia biológica.

La querella se dirige contra la entonces directora de la entidad, Maria Cintia A.F., y la presidenta, Anna María S.P. El Institut Català d'Acolliment i de Adopció (Icaa), adscrito a la Conselleria de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat, consta como responsable civil subsidiaria, ya que fue la institución encargada de acreditar a la asociación. Lo hizo a través del sistema de acreditación directa y sin previa convocatoria de concurso público, por "razones excepcionales".

La entidad debía encargarse de tramitar los expedientes de adopción internacional y asesorar e informar a las familias solicitantes, "siempre siguiendo las instrucciones del organismo público que las había acreditado administrativamente y bajo su supervisión y control", señala el escrito de Fiscalía.

Las familias firmaban un contrato de mediación con Adic y previo reembolso de cantidades entorno a los 10.000 euros --que pagaron a plazos-- podían visitar las casas-cuna que la entidad decía tener en Kinshasa y Brazzaville. La firma de este contrato establecía necesariamente el pago de la cantidad fijada en los plazos determinados.

Adic finalizó en un primer momento varias adopciones con "aparente cumplimiento de legalidad" pero posteriormente, al tener muchas solicitudes y pocos menores para ser adoptados, las querelladas "entrevieron la forma de obtener ingentes cantidades de dinero y de común acuerdo y con ánimo de enriquecimiento patrimonial" continuaron con los expedientes o abrieron nuevos cobrando el dinero a las familias pero conociendo de antemano que la adopción no podría realizarse.

El escrito de Fiscalía sostiene también que ambas tenían documentación sobre la situación de los menores "manifiestamente inveraz y/o alterada" por personas que no se han podido identificar, aunque creen que muy probablemente sean del país de origen.

La Fiscalía requiere a las querelladas que en el plazo de diez días paguen una fianza por valor de 101.987 de euros y de no ser así pide que se embargue preventivamente bienes de ambas por este valor.