El Gobierno cree que podría invadir competencias y el Govern defiende la "legalidad" del decreto
BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)
La Generalitat y el Gobierno central han iniciado una negociación bilateral para evitar llevar al Tribunal Constitucional (TC) el decreto ley que modifica la Ley de consultas populares no referendarias y de otras formas de participación ciudadana que el Ejecutivo catalán aprobó para poder convocar la consulta sobre la candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030.
Lo ha anunciado la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, este martes en rueda de prensa posterior al Consell Executiu, en la que ha asegurado que el Gobierno ha expresado "dudas" sobre las competencias de la Generalitat para convocar estas consultas, ya que el Ejecutivo de Pedro Sánchez considera que podría invadir las competencias estatales de ámbito local.
Así, han iniciado un proceso de negociación bilateral que puede durar hasta ocho meses para tratar de llegar a un acuerdo y evitar que el decreto ley acabe en el Constitucional.
El Govern aprobó en marzo este decreto para poder convocar consultas de carácter supramunicipal que afecten a una parte concreta de la población catalana y lo hizo para posibilitar la votación en las comarcas del Pirineo catalán para validar la candidatura a los JJ.OO.
Plaja ha asegurado que el Govern está "convencido de la legalidad" del decreto porque, a su juicio, se ajusta al marco competencial vigente.
Por eso, considera que este litigio es "otro ataque del Gobierno español" hacia las competencias de la Generalitat, que atribuye a la negativa que ve en el Estado a que se pueda consultar a la ciudadanía de Catalunya sobre cualquier cuestión.
"El problema no es la legalidad del decreto, sino los nervios que aparecen en Madrid cada vez que se habla de consultar alguna cosa a los catalanes al margen de cuál sea el motivo de la consulta. No les gusta consultar, demuestran que quizás les da miedo la democracia", ha criticado.
Además, la portavoz del Govern ha avisado de que este procedimiento no paraliza la consulta sobre los Juegos Olímpicos cuando el Ejecutivo decida convocarla ni la vigencia del decreto, y espera que se pueda llegar a un acuerdo.