BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, ha anunciado este miércoles en el Parlament que ha enviado escritos a 11 ayuntamientos de Barcelona tras detectar 804 viviendas de protección oficial públicas de entre 2007 y 2013 que nunca han sido adjudicadas.
Se trata de los ayuntamientos de Barcelona, Sabadell, Terrassa, Manresa, Ripollet, Santa Coloma de Gramenet, Barberà del Vallès, Rubí, Sant Feliu de Llobregat, Sant Adrià de Besòs y Sant Andreu de la Barca, donde hay demanda acreditada de vivienda asequible, según publica 'La Vanguardia'.
La ley considera una infracción grave tener desocupado un piso de protección oficial, y los ayuntamientos pueden multar con entre 6.000 y 9.000 euros cada piso vacío detectado, según el Govern, que por ello ha requerido a los citados 11 consistorios que tomen medidas, ya que es competencia municipal, aunque, si no lo hacen, la Generalitat ha avanzado que actuará de manera subsidiaria.
Vila también ha explicado que la semana que viene empezarán inspecciones a viviendas protegidas que fueron promovidas por empresas privadas entre 2007 y 2013, ya que este 30 de enero finaliza el plazo de un año que la Ley de acompañamiento de los Presupuestos catalanes de 2014 dio a las sociedades que hayan adquirido viviendas de protección oficial para buscarles ocupantes.
El conseller ha reivindicado que la garantía del derecho social a la vivienda es una prioridad y que Catalunya es la autonomía "que destina más recursos a políticas sociales de vivienda", con un Plan de Derecho a la Vivienda presupuestado en 240 millones.
Entre 2007 y 2013 se calificaron 33.199 pisos protegidos en Catalunya, de los que 16.907 fueron construidos por promotores públicos, según los datos del Govern.