El 72,7% de las medidas que se ejecutan en Catalunya son trabajos en beneficio de la comunidad
BARCELONA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat de Catalunya destinará casi 53,5 millones de euros en los próximos cuatro años a reforzar el servicio de medidas penales alternativas, es decir, aquellas que no acarrean una pena privativa de libertad para los condenados.
Se trata de una de las líneas estratégicas de la Conselleria de Justicia, Derechos y Memoria, que pretende incrementar sustancialmente el presupuesto actual y que implica una licitación del próximo contrato más elevada, lo que permitirá a las entidades adjudicatarias mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, según ha informado en un comunicado el Govern tras la celebración del Consell Executiu de este martes.
La partida presupuestaria se destinará al nuevo contrato para la realización de actuaciones de apoyo y seguimiento de aquellas personas que están sometidas al cumplimiento de penas y medidas alternativas a la privación de libertad y que permitirá también mejorar y ajustar los pliegos técnicos al nuevo convenio colectivo de los profesionales.
Este tipo de medidas penales alternativas permiten dar una respuesta menos aflictiva que las penas privativas de libertad aunque, en estos casos, el penado tiene que comprometerse a completar un programa formativo, seguir un tratamiento para el tratamiento de la salud mental, deshabituarse del consumo de drogas o, en la mayor parte de los casos, realizar trabajos en beneficio de la comunidad.
De hecho, el 72,7% de las medidas penales alternativas que se ejecutan en Catalunya son trabajos en beneficio de la comunidad, a través de los cuales los penados reparan el daño provocado a la sociedad desempeñando tareas de mantenimiento, limpieza o jardinería, entre otras, para entidades sin ánimo de lucro u organismos oficiales.
PERFIL DE LOS PENADOS
El perfil de los penados que realizan medidas penales alternativas en Catalunya --el año pasado fueron 14.572 personas-- es el de un hombre (en el 90,3% de los casos), de nacionalidad española (en un 67,4%) y que ha cometido su primer delito, mayoritariamente contra la seguridad vial (en un 36,4%).
Esta inversión también supondrá un avance en la mejora de la formación del personal y de la coordinación y seguimiento del servicio, sentando las bases para dar respuesta material a las peticiones históricas de los trabajadores tras años de reivindicaciones, según ha informado el Departamento de Justicia.
Andalucía
