El Govern estudia garantizar la gratuidad de los servicios escolares a niños tutelados acogidos

El Síndic de Greuges lo recomienda para fomentar la acogida familiar

BARCELONA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Derechos Sociales y la de Educación de la Generalitat han iniciado conversaciones para valorar la viabilidad de garantizar el acceso gratuito a los servicios escolares a niños tutelados acogidos en familia, han afirmado fuentes conocedoras este jueves a Europa Press.

El Síndic de Greuges ha valorado positivamente que los departamentos estén estudiando esta posibilidad y considera que es una medida "muy positiva" para fomentar la acogida familiar y reducir la acogida residencial, ha informado en un comunicado.

El organismo ha recordado que, según datos de junio de este año, de los 8.504 niños y adolescentes que están bajo medida protectora el 43% (3.653) están acogidos en familia, y de estos el 25% (929) lo están en familia ajena, cosa que representa un 11% del total de niños con medida protectora.

Ha apuntado que varias administraciones locales consideran que estos niños tienen necesidades específicas de apoyo educativo de tipo B --con situación socioeconómica socialmente desfavorecida-- y que por eso les otorgan la gratuidad de los servicios escolares.

Esto comporta una "falta de igualdad de derechos y una discriminación entre niños tutelados", dado que en función del lugar donde viven y de la administración competente, tienen derecho o no a la bonificación o la gratuidad de servicios.

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LAS AYUDAS

Ante esta situación, la síndica trasladó a la Conselleria de Derechos Sociales, a la de Educación y a varios ayuntamientos recomendaciones para "mejorar las ayudas y bonificaciones para las familias acogedoras de niños tutelados por la Generalitat", y pedía también la regulación de medidas de apoyo para la acogida familiar.

Por último, defiende que todos los niños y adolescentes tutelados acogidos en familia ajena o extensa deben tener cubiertos hasta la mayoría de edad los costes económicos derivados del derecho a la educación y que "es responsabilidad de las administraciones públicas aportar los recursos necesarios".