BARCELONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha explicado que se explorarán "vías legales para una posible amnistía a familias vulnerables que han recibido pagos indebidos" de la prestación de Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC).
Lo ha dicho este miércoles durante su comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales e Inclusión en el Parlament, donde ha concretado que la intención es "dejar sin efecto los pagos indebidos" siempre que se documente la vulnerabilidad de los receptores y que no haya habido mala fe.
Martínez Bravo ha afirmado que reclamar el retorno de los pagos contradice el objetivo de la prestación de "luchar contra la exclusión y la vulnerabilidad", ya que la reclamación de un pago indebido inicia un procedimiento judicial de embargo y suspensiones que impide a los afectados pedir otras ayudas.
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