El grupo criminal georgiano detenido es de los más antiguos y arraigados en España

   BARCELONA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El grupo criminal de origen georgiano desmantelado este miércoles en una operación de los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional es uno de los más antiguos y arraigados en España, con múltiples antecedentes y causas anteriores vinculadas con la mafia georgiana.

   Así lo consideran los investigadores del Área Central de Crimen Organizado y del Área Central de Blanqueo de los Mossos y la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional, que han desarrollado este miércoles una operación con 23 detenidos y 13 registros, han informado en un comunicado conjunto.

   En esta operación, que ha contado con la colaboración del Agregado de Georgia en España, han detenido a la esposa del 'ladrón de ley' Kakhaber Shushanashvili, actualmente preso en Francia y que fue condenado en España como cabecilla de una organización criminal de georgianos que se estableció en España y fue desarticulada en 2010 en la operación 'Java'.

   Fuentes de la investigación consultadas por Europa Press han explicado que Katerina M. presuntamente cobraba un sueldo de la 'caja común' de la organización que ascendía a unos 6.000 euros mensuales mientras su esposo estaba en prisión.

   Shushanashvili, detenido en la operación Java, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Supremo como jefe de una organización criminal asentada desde 2008 en Catalunya y el Levante por los delitos de blanqueo, conspiración para el asesinato y tentativa de estafa.

   Urdió un plan para matar a un miembro de una facción rival en Niza (Francia) que fue abortado en enero de 2010 por la Policía francesa, con información de la española, con la detención en territorio galo de las personas que habían recibido el encargo.

   Con la operación 'Java', liderada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se desmontó en 2010 un entramado criminal que operaba tanto en España como en Francia, Italia, Suiza, Austria y Alemania.

CAJA DE SOLIDARIDAD

   Durante la mañana de este miércoles también se ha arrestado a un presunto cabecilla que se sospecha que podía gestionar la 'caja común', una caja de solidaridad en la que las distintas células que conforman la organización envían dinero que sirve para sufragar la vida de las familias de los presos y de los cabecillas, han explicado fuentes de la investigación.

   Este detenido era el responsable de empresas de paquetería --que han sido registradas en Barcelona y Madrid-- que presuntamente servían a la organización para enviar material robado.

   Según las citadas fuentes, la organización desmantelada este miércoles se dedicaba al robo de pisos con distintas baterías y al blanqueo de capitales, y se enviaba el material robado, principalmente relojes, joyas y aparatos electrónicos, a su país, donde eran revendidos.

   Con la operación se da por desmantelada "el nivel directivo de la organización y que hacía transitar y blanquear dinero y efectos procedentes de diferentes delitos contra el patrimonio hacia estructuras superiores ubicadas fuera de España", según el comunicado.

CRIMEN EN TERRASSA

   La investigación arrancó hace dos años con un asesinato a tiros, el 4 de enero de 2016 en Terrassa (Barcelona), de dos miembros de este clan, entre ellos Gela Garishvili, lugarteniente de Shushanashvili, en lo que fue un ajuste de cuentas.

   A partir de ese momento, investigadores de los dos cuerpos policiales empezaron a tirar del hilo y a desmantelar pequeñas células de este grupo que se dedicaban al robo con fuerza en pisos, principalmente en Catalunya pero también en otros puntos de España, cuyo botín se destinaba en parte a dicha caja de solidaridad.

   En estos dos años, han sido detenidas en varias fases de la operación hasta una sesentena de personas --contando las detenciones de este miércoles--, en una investigación tutelada por el Juzgado de Instrucción 2 de Terrassa (Barcelona), junto a la Fiscalía Anticorrupción.

   Este miércoles se han realizado desde primera hora 11 registros domiciliarios y dos en locales en Barcelona, Mataró, Gavà, Cornellà de Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y Madrid, y en alguno ha estado presente el fiscal Anticorrupción José Grinda.