Los grupos del Parlament no acuerdan ninguna propuesta conjunta para el monográfico de seguridad

Archivo - Pleno monográfico de educación en el Parlament de Catalunya
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Publicado: miércoles, 8 noviembre 2023 18:22

Los comuns piden apoyar a la policía "ante los que quieren subvertir los resultados" del 23J

BARCELONA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos políticos del Parlament catalán no se han puesto de acuerdo para presentar ninguna propuesta de resolución conjunta para el pleno monográfico de seguridad, que comenzó este martes con la exposición de las propuestas de cada grupo y finalizará este jueves con la votación en el hemiciclo de todas ellas.

Los socialistas, impulsores del debate monográfico sobre seguridad, han pedido al Parlament expresar su apoyo a los Mossos d'Esquadra y al resto de cuerpos de seguridad del Estado, y han emplazado al Govern a garantizar la defensa judicial de los agentes de la policía catalana y la comparecencia de la Conselleria de Interior como acusación particular en las diligencias en aquellos casos en que los policías resulten lesionados en el ejercicio de su responsabilidad.

También reclaman definir, conjuntamente con el Ayuntamientos de Barcelona, un régimen de seguridad específico en la capital catalana ante sus particularidades demográficas, turísticas y de proyección internacional; garantizar una cooperación legal con los cuerpos policiales del Estado que desarrollan su trabajo en Catalunya, y hacen una apuesta por la prevención y la lucha contra las violencias hacia personas así como por la lucha contra el crimen organizado, las ocupaciones delincuenciales, la ciberdelincuencia y un uso responsable de la tecnología.

El grupo de ERC pedirá al Parlament su apoyo para que el Govern inste al Gobierno central a "velar por la derogación de la Ley mordaza" y que la nueva ley que la sustituya cumpla con los estándares internacionales mínimos de respeto de los derechos fundamentales.

Asimismo, los republicanos quieren pedir al Gobierno "parar las infiltraciones de los cuerpos policiales del Estado español en los movimientos sociales, políticos y populares", así como hacer efectiva la transferencia de todas las competencias y el presupuesto correspondiente del SEPRONA a Catalunya e incluir a los Agents Rurals en los colectivos con derecho a jubilación anticipada.

"CAMBIO DE RUMBO"

Además de expresar su apoyo y reconocimiento a los cuerpos policiales de Catalunya, una de las propuestas de resolución de Junts insta al Govern a hacer un "cambio de rumbo" de la gestión política de la seguridad y a optimizar los recursos disponibles, se exige el reconocimiento de los Mossos d'Esquadra como miembros de pleno derecho en organismos internacionales y que se elabore un Pacto Nacional de Seguridad y Emergencias en el plazo de 12 meses.

En otra resolución piden al Ejecutivo catalán que convoque la Junta de Seguridad de Catalunya antes de terminar el año, también que se impulse un plan para fortalecer el catalán en los cuerpos de emergencia y seguridad, y urgen a actuar para reducir el fenómeno de la multireincidencia.

El grupo parlamentario de Vox defenderá instar al Govern a "perseguir y condenar públicamente la actividad subversiva y las acciones violentas de grupos separatistas y de izquierda radical", y a reforzar las unidades de orden público, tanto las ARRO como la BRIMO.

Además, Vox quiere que se garantice la plena cooperación y colaboración de los distintos cuerpos de seguridad del Estado, autonómico y policías locales, y que el Govern se oponga a la "reubicación en el territorio catalán de cualquier inmigrante que haya entrado ilegal o irregularmente en territorio nacional que no haya solicitado protección de ningún tipo".

DISOLVER BRIMO Y ARRO

La CUP reclamará al Ejecutivo catalán poner en marcha un mecanismo externo e independiente para controlar las actuaciones policiales, y disolver las unidades antidisturbios de los Mossos d'Esquadra (Brimo y Arro) y las de las policías locales.

Además, pedirán que el Govern aplique una moratoria del uso de tecnologías de seguridad, como cámaras en espacios públicos, "hasta que se haya podido generar un debate ciudadano sobre su impacto y se haya podido decidir refrendariamente" si la ciudadanía quiere esta tecnología.

En sus propuestas, los comuns piden que el Parlament muestre apoyo a que los cuerpos policiales "hagan cumplir los derechos y libertades democráticas de este país ante los que quieren subvertir los resultados electorales" del 23J, en alusión velada a las protestas en Madrid ante la sede del PSOE contra la amnistía.

También reclaman un mecanismo externo de control, investigación y evaluación de las actuaciones policiales, dotado de 5 millones de euros al año, y la disolución de Brimo y Arro, así como establecer una convocatoria conjunta de acceso a las policías locales, excepto en Barcelona, para evitar que haya pruebas en cada municipio.

RENUNCIAR A COMPETENCIAS ADICIONALES

Desde Cs, proponen renunciar a que la Generalitat asuma cualquier competencia adicional en seguridad pública porque, dicen, las actualmente asignadas no garantizan "el nivel de eficiencia requerido", y aumentar la colaboración con el Gobierno central en materia de extranjería para evitar la infiltración de --textualmente-- elementos radicalizados camuflados.

Por otra parte, piden solicitar la comparecencia del conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, para que informe sobre la paralización de expedientes a los "responsables de las campañas de alteración de orden público con carácter separatista cometidas entre 2017 y 2019" y que el Parlament apoye la labor de los Mossos d'Esquadra en procesos de desahucios.

Por último, los populares proponen incrementar el número de agentes de los Mossos de las unidades de tráfico y equipos especializados en violencia machista y sexual, así como incluir en los Presupuestos de 2024 un aumento de la plantilla de Mossos en todas las áreas básicas policiales para "incrementar la seguridad en las calles".

Además, el grupo del PP quiere que se garantice el uso de pistolas eléctricas Taser "en todas las dotaciones policiales", y que se revise el protocolo policial ante las ocupaciones ilegales de viviendas para agilizar la respuesta cuando la ocupación provenga de mafias que persigan beneficios económicos.