La Guardia Civil se persona en la central de los Mossos y otras comisarías regionales por orden de la juez Lamela

MADRID/BARCELONA, 31 (EUROPA PRESS)

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La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha ordenado este martes que la Guardia Civil se persone en el complejo central de Egara, en Sabadell, de los Mossos d'Esquadra y en otras sedes regionales de comisarías para requerir grabaciones, correos y registro de llamadas relacionados con el dispositivo del referéndum del 1 de octubre, según informan a Europa Press fuentes de la investigación.

Estas fuentes han precisado que los agentes del instituto armado se han desplazado al complejo central de Mossos en Sabadell, donde hasta este sábado tenía su despacho como mayor del cuerpo Josep Lluís Trapero. También han ido a otras sedes de la policía catalana como el edificio de la región metropolitana de Barcelona en Plaza de España.

Las otras sedes en las que la Guardia Civil ha presentado requerimientos por orden de la juez Lamela son las sedes regionales en Granollers, Sant Feliu de Llobregat y Manresa, en la provincia de Barcelona. Asimismo, se han personado en la sede regional de Girona y Tarragona, así como en Tortosa, sede de la región de Terres de l'Ebre, también en Tarragona.

Según precisan las citadas fuentes, en algunas de estas comisarías, como es el caso de Tarragona y Granollers, la personación de los agentes del instituto armado ha durado una media hora aproximadamente. Las comisarías de los Mossos se distribuye por regiones que no coinciden exactamente con las provincias de Cataluña.

La juez Lamela investiga en la Audiencia Nacional por sedición al que fuera mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, relevado al frente de la policía catalana por Ferran López en aplicación del artículo 155 de la Constitución. En el marco de esta investigación, la magistrada ordenó el ingreso en prisión provisional de los líderes de ANC y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, así como la retirada de pasaporte de Trapero.

El 18 de octubre, Lamela solicitó los pormenores colegio a colegio de la actuación llevada a cabo por los Mossos. Su petición incluía el número de identificación policial de los agentes que dirigieron, coordinaron y ejecutaron el dispositivo del 1-O.

Dos días después, Lamela remitió un nuevo requerimiento a la Guardia Civil para que identificara los números de teléfono de los que son titulares Josep Lluís Trapero, la intendente Teresa Laplana y Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. El objetivo era investigar el tráfico de llamadas efectuadas entre los cuatro acusados por delito de sedición.

Lamela, que tiene que decidir si asume la querella por rebelión, sedición, malversación y otros delitos presentada por la Fiscalía contra el Govern del expresidente Carles Puigdemont, también ordenó el 26 de octubre que la Policía Nacional se incautara de la documentación transportada en una furgoneta por mossos d'esquadra para que fuera quemada en una incineradora de Sant Adrià del Besòs (Barcelona).

UNA QUINCENA DE JUZGADOS INVESTIGAN A MOSSOS

En la actualidad, una quincena de juzgados investigan a los Mossos por su presunta inacción durante el dispositivo del 1-O, incumpliendo la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de impedir la votación. Diversas fuentes policiales consultadas por Europa Press han destacado que estas actuaciones demuestran la separación de poderes y la actuación como policía judicial de las Fuerzas de Seguridad del Estado, incluyendo a los Mossos.

El 19 de octubre, agentes de la Guardia Civil se personaron en la comisaría de Ponent (Lleida) de los Mossos d'Esquadra en busca de datos y comunicaciones internas que mantuvieron mandos y agentes de la policía de la Generalitat antes, durante y después del despliegue por el referéndum del 1-O.

La orden, que partió del juzgado de instrucción 4 de Lleida, era que se procediera al volcado de datos de dos mandos y un agente encargados de la coordinación del dispositivo del 1-O.

Ese mismo día, en paralelo, la policía autonómica notificó al TSJC que había abierto una investigación interna para determinar si algún agente, a título personal, no siguió las instrucciones que se habían transmitido para impedir la votación.

El 17 de octubre, la Guardia Civil entró en el edificio central del 112, en Reus (Tarragona), en esta ocasión por orden del juzgado único de Primera Instancia e Instrucción de Gandesa, otro de los que investigan la presunta inacción de los Mossos en el dispositivo para impedir el 1-O.

Según explicó en un comunicado el TSJC, los agentes de la Guardia Civil reclamaron a los Mossos d'Esquadra que conservaran las conversaciones telefónicas mantenidas entre los mandos durante esa jornada, para investigar si hubo inacción de la policía catalana.