La Hacienda catalana inicia una auditoría para demostrar la legalidad de sus datos

   BARCELONA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Hacienda catalana dice que tiene datos fiscales legales porque lleva 30 años cruzando información

Tres auditores de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades iniciaron el 30 de enero una auditoría para comprobar que toda la información de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) se ajusta a la legalidad, ha anunciado este martes el secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó.

En un encuentro con prensa sobre el despliegue de la Hacienda propia, ha explicado que el procedimiento durará un mes y se hace petición de la Generalitat: "Si quiere, que venga la Agencia Española de Protección de Datos y nos audite. No tenemos nada que esconder".

Considera que "no entra dentro del mundo real" que alguien pueda piratear los datos fiscales estatales porque están brutalmente protegidos --ha dicho textualmente-- igual que los de la Generalitat, y ha añadido que el Govern no ha hecho ni hará nada para lo cual no tenga competencias.

Ha dicho que colaboran constantemente con la administración tributaria estatal (AEAT) y que la información que tiene Catalunya la tienen todas las autonomías: "No tenemos nada diferente. Es información que llevamos décadas compartiendo", incluyendo datos del catastro, del censo unificado de contribuyentes estatal, documentos notariales, ITV y defunciones.

Salvadó ha justificado la petición de la propia Generalitat de una auditoría como respuesta inmediata a la preocupación de la ATC al publicarse que hay uso fraudulento de datos fiscales --en referencia implícita a que el dimitido senador Santi Vidal aseguró que la Generalitat tiene ilegalmente todos los datos fiscales de los catalanes--.

Ha revelado que el mismo día en que se supieron las palabras de Vidal contactaron con la Autoritat Catalana de Protecció de Dades --la autoridad competente en Catalunya-- para que inspeccionaran: "Para que pudiesen contrastar que todo lo que hacemos está dentro de la más absoluta legalidad".

"Estaremos encantados de poder mostrar lo que estamos haciendo, porque los principales perjudicados son los funcionarios de la ATC y no nos lo podemos permitir", y ha rechazado que se ponga en duda su profesionalidad.

LIMPIEZA DE DATOS

El secretario de Hacienda también ha explicado que la ATC ha hecho "una limpieza a fondo" de la base de datos acumulada en 30 años de gestión de impuestos de su competencia, en la que ha detectado que casi la mitad de contribuyentes estaban duplicados, y sobraban más de la mitad de las direcciones registradas, por erróneas.

Así, la base de datos de la ATC ha pasado de 13,52 millones de personas físicas y jurídicas a 7,4, y las direcciones han caído de 35,22 millones a 16,4, unificando su denominación e incluyendo georreferenciación, mientras que, antes de la revisión, el 76% de los errores del programa G@audí de gestión tributaria de la Generalitat procedían de información externa errónea.

"Hoy tenemos una base de datos estructurada, limpia y que permite eliminar una parte muy importante de los errores de la gestión actual y preparada para gestionar impuestos de carácter masivo, como el de establecimientos turísticos y vehículos contaminantes", ha dicho.

Ha calificado la información revisada de fiable, unívoca y más eficiente de cara a futuro, siempre dentro del marco competencial, aunque preparada para cualquier asunción de nuevas responsabilidades tributarias, ya que todo lo que se hace "se ajusta al marco legal" para una Hacienda catalana más eficiente y competitiva, agotando las capacidades competenciales en materia fiscal y con voluntad de construir una estructura con vocación de Estado.

IRPF

Según Salvadó, el nuevo sistema de gestión tributaria puede soportar cualquier impuesto: "Tendrá IRPF cuando tengamos competencias. Podremos añadir los impuestos que convenga", pero ha añadido que la ATC no construirá ahora una base de datos para recaudar el IRPF, ya que no puede porque no tiene competencias.

Ha aclarado que, si llegan esas competencias, los datos fiscales de los contribuyentes los tienen las empresas, que son las que "en todos los países del mundo" liquidan mensualmente el pago de cada trabajador, por lo que lo mismo pasaría en Catalunya.

Preguntado sobre quién debe dar estas competencias a la ATC, ha respondido que la ATC es poder ejecutivo y el Parlament el poder legislativo, por lo que ejecutará lo que apruebe el Parlament: "Nos debemos al legislativo catalán, y al estatal en la medida en que formamos parte del Estado español. En un escenario de futuro de independencia, la administración estatal y autonómica coincidirán en la misma".

REFERÉNDUM

Sobre el referéndum, ha confiado en que, si se produce, como él desea, "el Estado asumirá el resultado de la democracia", ya que no ve motivos para dudarlo.

"A partir de ahí se abriría un proceso político que esperamos que esté en el marco del diálogo y la negociación", ha sostenido.

HITOS DEL CALENDARIO: JULIO Y SEPTIEMBRE

La plataforma de gestión tributaria G@udí, de 2002, se complementará desde el 1 de julio con el nuevo sistema e-SPRIU --como ya avanzó el Govern-- para asumir los impuestos propios de los últimos años y los venideros, mientras que se seguirá usando G@udí para la recaudación ejecutiva --es decir, impuestos y multas impagadas-- y para los tributos jurídicos tradicionales, así como para las labores de inspección durante un periodo transitorio.

Salvadó ha dicho que e-SPRIU es un sistema dinámico que se irá adaptando a las necesidades de cada momento, y que tiene por objetivos reducir costes de gestión tributaria, facilitar los pagos a los contribuyentes, ganar transparencia y proximidad, e incrementar la eficiencia en la lucha contra el fraude.

INTELIGENCIA FISCAL CON EL BIG DATA

El Govern también aprovechará la tecnología para prevenir y combatir el fraude mediante el cruce de datos aprovechando el 'Big data', con ejemplos como cruzar anuncios de webs de reservas de alojamiento con el registro de establecimientos turísticos, recoger datos de los portales inmobiliarios para valorar los inmuebles declarados, y cruzar índices notariales con autoliquidaciones del impuesto de sucesiones y donaciones.

"Las agencias tributarias del siglo XXI basan su eficacia, no en el uso intensivo de los recursos humanos, sino tecnológicos", cruzando información de manera predictiva y analítica, ha explicado.

Con todo, el despliegue territorial --hasta 168 oficinas el 1 de septiembre-- y de asunción de todas las competencias autonómicas que prepara la ATC requiere ampliar personal --tanto funcionario como interino--, desde los 430 profesionales actuales a unos 700 en julio y 800 a final de año.

El 1 de septiembre es clave porque la ATC asumirá la recaudación ejecutiva de las deudas por multas de tráfico del Servei Català del Trànsit (SCT) y la liquidación de impuestos cedidos que hasta ahora hacían las oficinas liquidadoras de los registradores de la propiedad --de los que prevé incorporar 260 efectivos--.