En 19 de los 56 casos por vulneración de derechos que Irídia llevó en 2021 hubo componente de racismo
BARCELONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
La asociación Irídia ha criticado este jueves un aumento de actuaciones "desproporcionadas" por parte de vigilantes privados en Catalunya, sumando un total de nueve casos.
Lo han dicho en una rueda de prensa en el Collegi de Periodistes de Catalunya, en la que han participado la codirectora de Irídia, Anas Franquesa; las abogadas de la asociación Mireia Salazar, Snia Olivella y Laura Medina; la coordinadora del Área Psicosocial, Elisenda Pradell, y Fatima, una afectada por un caso de violencia institucional.
Olivella ha explicado que de los nueve casos de violencia institucional, seis tuvieron lugar en estaciones de transporte público, en dos casos la persona era menor de edad, en seis "se alega que hubo un componente de discriminación", en tres hubo detenciones ilegales y en cuatro lesiones físicas o psicológicas graves.
Durante 2021 recibieron un total de 161 solicitudes de actuación ante presuntas vulneraciones de derechos humanos, y 62 de los casos corresponden a personas que han sufrido situaciones de violencia institucional --24 mujeres, 34 hombres y dos personas no binarias--.
Desde Irídia han asumido la representación letrada de ocho de los 62 casos: uno por torturas sufridas durante el franquismo, dos por hechos sucedidos en durante una manifestación, cuatro en el espacio público y uno en el ámbito de detención o prisión.
Asimismo, han explicado que a estos ocho casos se les tienen que sumar los 60 que Irídia asumió como litigio entre 2016 y 2020, lo que supone que en 2021 han llevado la representación letrada de 68 casos, 56 de los cuales se encuentran todavía abiertos.
De estos 56 casos, 19 corresponden a actuaciones de los Mossos d'Esquadra, 21 a intervenciones de la Policía Nacional, cuatro a acciones de la Guardia Urbana o Policía Local, ocho a la actividad de funcionarios de prisiones, tres a intervenciones de personal de seguridad privada y uno a la de la Brigada Político-Social de la Jefatura de la Via Laietana durante el franquismo.
Olivella ha remarcado que en 19 de los 56 casos hay un componente de racismo, y también que dos agentes implicados en estos casos han sido condenados y 124 investigados.
ASISTENCIA PSICOSOCIAL
Por su parte, Pradell ha manifestado que se han realizado 236 intervenciones psicosociales durante 2021, 173 de las cuales pertenecen a casos de litigio y 63 a casos del Área de Asesoramiento y Seguimiento.
Las principales afectaciones detectadas por parte de las víctimas son daños a la dignidad, inseguridad en el espacio público por miedo a la presencia de cuerpos de seguridad, rotura de creencias básicas, conductas de aislamiento social, afectación en la autoestima, internalización del miedo y rotura del día a día de la víctima.
UNA AFECTADA
Durante la rueda de prensa, Fatima, una afectada de violencia institucional, ha explicado que el 9 de junio de 2021 se desplazó hasta el centro comercial Les Glries de Barcelona para cambiar unos pantalones y que una dependienta avisó a un guardia de seguridad alegando que había intentado robar unos pantalones.
Fatima enseñó el ticket de compra con fecha anterior a los hechos, pero el vigilante obligó a la mujer a salir del establecimiento y varios de ellos "la cogieron a la fuerza, la amenazaron, la golpearon y la encerraron durante una hora en una habitación", privándola de coger su teléfono móvil o sus pertenencias.
BUENAS PRÁCTICAS
Por su parte, Franquesa ha celebrado la creación de la Comisión de Estudio sobre el Modelo Policial y la Comisión de Estudio sobre el Racismo en el Parlament, y la aprobación de una resolución que insta a la Conselleria de Interior a modificar el protocolo de las lanzadoras de proyectiles de foam, entre otras.
También ha asegurado que los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) no tendrían que existir, y ha recomendado cambiar el uniforme de los agentes de la Brigada Móvil (Brimo) de los Mossos para que el número de identificación sea fácilmente recordable y distinguible, y que se prohíba el uso de balas de foam.