Janet Sanz asegura que la ZBE está "trabajada y consensuada" con otras administraciones

Critica que "el derecho a no respirar un aire contaminado no sea la prioridad"

BARCELONA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, ha asegurado que la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) está "trabajada y consensuada" con las otras administraciones --Generalitat, Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y avalada por el Estado-- y que tiene la validez de todos los servicios jurídicos.

En una entrevista a Rac1 recogida por Europa Press este martes, ha criticado que "el derecho a la salud y el derecho a no respirar un aire contaminado no sea la prioridad" en la sentencia y ha sostenido que el fallo es contrario a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la legislación europea y la comunidad científica.

Sanz ha defendido que se ha hecho una "aplicación progresiva" de la medida con la aprobación de múltiples moratorias y que se han atendido las dificultades de cada sector.

En referencia a los datos utilizados para el diseño de la iniciativa, ha remarcado que provienen de un estudio de 2017 elaborado por el RACC y que desconoce "por qué esta sentencia no lo recoge" y, según ella, parte de unos datos del 2015.

POSIBLE RECURSO

La teniente del Ayuntamiento de Barcelona ha asegurado que defenderán la ZBE y ha explicado que hay una reunión prevista para este martes "con las diferentes administraciones" para concretar qué medidas tomarán al respecto de la sentencia, y no ha descartado la interposición de un recurso de casación colectivo.

Ha asegurado que reforzar las políticas impulsadas a nivel jurídico contará con su apoyo, "como Gobierno municipal, como Generalitat, como Área Metropolitana, y los otros cuatro municipios que están dentro de este acuerdo".

Ha considerado que la sentencia va "contra el sentido común" y que con la ZBE se quiere, según ella, salvar vidas independiente de la renta y evitar una multa europea que ha cifrado en 1.600 millones de euros por incumplimiento de su legislación.