Cuixart pide el traslado a una cárcel catalana para garantizar su defensa y vida familiar

   BARCELONA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, procesado por el TS por presunta rebelión, ha pedido a Instituciones Penitenciarias ir a una cárcel catalana para asegurar su derecho de defensa y apelando al criterio de máxima proximidad a su casa para evitar desarraigo, y asegurando el derecho de su hijo, de 1 año, de estar cerca del padre.

   Según ha informado Òmnium Cultural en un comunicado este martes, la petición presentada este lunes a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por el abogado experto en derecho penitenciario Carlos García Castaño cita el artículo 18/1 de la Constitución, que garantiza el derecho a la vida familiar y a la intimidad pese a la reclusión.

   La defensa considera que los traslados constantes a la prisión de Soto del Real de un niño de un año afectan al menor porque la prisión tiene "efectos físicos y emocionales para los niños" y este centro penitenciario en el que está recluido está a 700 kilómetros del domicilio familiar.

   El abogado cree que no admitir la petición vulneraría los derechos de los niños a relacionarse con su padre, reconocidos en la legislación española e internacional, recordando que la Convención de los Derechos de la Infancia de la ONU, firmada por España, obliga a respetar e derecho del niño separado de sus padres a relacionarse con él y tener contacto directo regular.

   También argumenta que esta lejanía con su domicilio afecta a su derecho de defensa ya que, una vez acabada la fase de instrucción y dictado el auto de procesamiento, ya no hay motivos para mantenerle en una prisión madrileña mientras se fija la fecha del juicio.

   Precisamente, consideran que internarlo en un centro penitenciario en Catalunya permitiría a su abogada, Marina Roig, tener un acceso "más ágil y fluido con su cliente para preparar el juicio".

   La petición incluye dos dictámenes del director del Observatori del Sistema Penal i Drets Humans de la Universitat de Barcelona (UB), Iñaki Rivera Beiras, y del abogado premiado en Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía Albert Parés.

   El dictamen de Rivera apela al interés superior del menor que garantiza el artículo 2 de la Ley de Protección Jurídica del Menor y concluye que, con el traslado a Catalunya, "todas las funciones de la prisión provisional se mantendrían igualmente, sin alteración procesal de ningún tipo, pero reduciendo la nocividad familiar".

   El informe asegura que la actual distancia de la prisión comporta no poder aprovechar todos los contactos que pudiera tener el menor con su padre si la cárcel estuviera en la Catalunya, y que, "de no permitirse un traslado a la misma, ello implicaría un agotamiento para el menor en modo alguno adecuado".