La licitación de obra pública en Catalunya cae un 6% hasta septiembre

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La licitación de obra pública en Catalunya ha bajado un 6% en el periodo de enero a septiembre hasta los 829,4 millones de euros, ha informado la Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Catalunya (CCOC) este jueves en un comunicado.

La entidad ha indicado que el impulso del tercer trimestre ha permitido recuperar parte del terreno perdido durante los dos primeros trimestres, que auguraban "un año nefasto para el sector", tras una caída de la licitación del 23% y del 38% de variación interanual.

La CCOC ha recordado que, después de la "incipiente" recuperación de 2013 y 2014, en 2015 la licitación sufrió un retroceso del 34%, que alcanza el 86% si se compara con 2008.

Por administraciones, la Generalitat ha experimentado la disminución más significativa en la licitación de los primeros nueve meses de 2016, con una caída del 21% (198,7 millones licitados de enero a septiembre).

Le sigue la administración local, que ha retrocedido un 11% (siendo, sin embargo, el nivel administrativo más activo, con 390,6 millones licitados), mientras que la Administración General del Estado ha aumentado la inversión un 25% (240,2 millones, de los que 138,2 provienen de entes con ingresos propios, como las autoridades portuarias de Barcelona y Tarragona, Aena, Renfe y Correos).

SERVICIOS

En cuanto a los servicios licitados que son de interés para los grupos de empresas constructoras, la licitación ha avanzado un 30%, con 446,5 millones licitados de enero a septiembre, con el impulso de los entes locales (+42%) y la Generalitat (+35%), mientras que la Administración General del Estado la ha reducido en un 23%.

La CCOC ha insistido en su reclamación de que, para que se produzcan y mantengan las infraestructuras y los equipamientos necesarios para la competitividad de la economía catalana y el bienestar de los ciudadanos, la licitación mínima regular de todas las administraciones debería ser de 4.500 millones anuales.

Esto es aproximadamente el 2,2% del PIB, "que es la tendencia global de los países desarrollados", y los contratistas reclaman una planificación a medio-largo plazo de 10-15 años, independiente de los periodos electorales, y sobre proyectos valorados según criterios de coste beneficio que aseguren su rentabilidad económica y social.